El PSOE optó por no incluir medidas contra los jueces en su paquete sobre «regeneración democrática», para evitar controversias. Sin embargo, Sumar, su socio de gobierno, ha expresado su descontento y presentará iniciativas para forzar al PSOE a abordar el tema.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió no incluir a los jueces en el conjunto de medidas presentadas el pasado miércoles en el Congreso. A pesar de que en Moncloa se percibe a los magistrados como conservadores, Sánchez optó por evitar el conflicto, decisión no consensuada con Sumar, lo que ha generado un gran malestar en sus filas.
Sumar, encabezado por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentará distintas propuestas en el Congreso para incluir a los jueces en las medidas de regeneración democrática, que también abarcarán a los medios de comunicación.
Enfado por la falta de medidas
La comparecencia de Sánchez dejó un sabor amargo en Sumar. Desde hace semanas temían que el presidente no profundizara en las medidas, limitándose a iniciativas superficiales. La formación lleva meses trabajando en una serie de normas para regular el sector, en línea con otros países europeos. Han mantenido reuniones con periodistas, editores y catedráticos para recopilar ideas, pero ninguna se reflejó en la presentación de Sánchez.
El líder del Ejecutivo anunció que los medios informarán sobre sus propietarios y financiación, y que se destinarán 100 millones de euros para la digitalización de empresas de comunicación, sin especificar los criterios para estas subvenciones.
Sumar buscaba un plan más ambicioso, con leyes concretas y detalladas. En abril, Moncloa ya había indicado su interés en conocer los dueños de los medios y cambiar la ley de publicidad institucional, ante la sospecha de que gobiernos autonómicos del PP estuviesen beneficiando a medios afines. Tras dos meses y medio, Sánchez no profundizó en estos aspectos, generando decepción en Sumar.
El malestar aumentó cuando el presidente decidió excluir a los jueces de las medidas. Sumar considera que hay una inclinación conservadora en la judicatura que el Estado debe equilibrar. Proponen un MIR judicial, similar al examen de los médicos para obtener plaza en la sanidad pública.
En una proposición no de ley, Sumar instó al Gobierno a estudiar esta iniciativa para que personas con menos recursos puedan acceder a la judicatura. Actualmente, el coste de la oposición puede llegar a los 25.000 euros por persona, según un estudio de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia.
Presión en el Congreso
Sumar no se quedará de brazos cruzados. Para ellos, las medidas sobre medios de comunicación y el poder judicial son cruciales. En junio, presentaron una proposición no de ley para regular seis aspectos fundamentales de los medios, incluyendo la lucha contra la precariedad laboral y la educación de los jóvenes sobre cómo informarse y evitar bulos en las redes sociales.
Ahora, impulsarán iniciativas parlamentarias, mediante PNL o proposiciones de ley, con medidas necesarias para reformar el sector judicial, con el objetivo de presionar al PSOE. Además, cuentan con el apoyo de socios parlamentarios como EH Bildu, ERC y Junts, que comparten su diagnóstico sobre la justicia. Los socialistas tendrán que enfrentarse a esta presión mientras buscan su apoyo para aprobar las medidas sobre medios de comunicación.
