La atribución de responsabilidades se intensifica en el Partido Popular (PP) tras lo que Alberto Núñez Feijóo ha calificado como un “error injustificable” relacionado con su voto a favor de una reforma que permitirá a los presos de ETA descontar años de condena cumplidos fuera de España. Esta medida facilitará la liberación anticipada de varios reclusos, lo que ha generado una ola de críticas internas. “Es un error difícil de aceptar, tanto para nosotros como para nuestra base”, reconoce un dirigente del PP, reflejando la preocupación por el impacto en la imagen del partido, históricamente defensor de las víctimas del terrorismo.
Estrategia de apaciguamiento y respuestas del liderazgo
A pesar de los esfuerzos de Génova por calmar la situación, las medidas tomadas no han logrado contener la crisis. Feijóo ha intentado suavizar el malestar a través de una llamada personal a Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, además de enviar un mensaje a todos los afiliados donde responsabiliza al “presidente del Gobierno y Bildu” por la situación.
El líder del PP mostró su frustración en una reunión con el comité de dirección, mientras que su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, intentó suavizar las tensiones al afirmar que “todos somos responsables”. Esta declaración provocó la ira de varios diputados que no comparten la idea de una responsabilidad compartida por un error que, según ellos, fue específico de la Comisión de Justicia. “Esto no le habría pasado a Soraya Sáenz de Santamaría”, exclamó uno de los disidentes, criticando la falta de vigilancia en la tramitación de la ley.
Asumir responsabilidades sin señalar la culpa
Durante una comparecencia, Tellado asumió la “responsabilidad” del PP por no haber supervisado adecuadamente la tramitación de la reforma, aunque evitó nombrar a responsables específicos. Tras investigar, concluyó que los diputados que presentaron la ley se habían centrado en una enmienda de Junts, sin percibir que la propuesta de Sumar contenía una disposición clave que podría beneficiar a presos históricos de ETA.
La ley, que debía ajustar la normativa europea sobre antecedentes penales, contaba con solo siete enmiendas. Sin embargo, los diputados populares no anticiparon las consecuencias de una de ellas. Los tres parlamentarios responsables aseguraron haber “estudiado” la iniciativa, pero el PP ahora sostiene que no comprendieron su alcance.
Demandas de dimisiones y críticas internas
En una reunión cerrada del grupo parlamentario, Tellado insistió en que no había culpables individuales, lo que generó un descontento palpable entre algunos miembros. “Aquí debería haber dimisiones”, afirmó un diputado, apuntando directamente a la responsable de Justicia del partido, María Jesús Moro. Otros dirigentes también señalaron a Tellado y a Cayetana Álvarez de Toledo, quienes formaron parte de la Comisión de Justicia que aprobó la ley.
Las caras largas y la frustración fueron evidentes en el Senado, donde algunos senadores del PP propusieron aplazar el debate sobre la reforma. La senadora Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, víctima de ETA, mostró su angustia por la situación, reflejando el sentimiento de muchos en el partido.
