El gobierno de Baleares, ahora en manos de Marga Prohens del Partido Popular (PP), ha interpuesto una serie de reclamaciones contra la administración anterior de Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, debido a un contrato de mascarillas defectuosas que se remonta al inicio de la pandemia en 2020. Esta controversia involucra un pedido de mascarillas FFP2, adquiridas por 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la cual entregó mascarillas que no cumplían con los requisitos de calidad especificados y, ahora se añade un nuevo caso que habría costado más de 2 millones por materiales defectuosos o, incluso, no entregados.
Según la administración de Prohens, Armengol y su equipo no reclamaron por la calidad del material recibido hasta el último momento de su mandato. Aunque el problema fue detectado y documentado poco después de la entrega, la reclamación oficial de 2,6 millones de euros, correspondientes a la diferencia entre las mascarillas solicitadas y las recibidas, no se realizó hasta julio de 2023, cuando Prohens ya estaba a punto de asumir la presidencia. Desde la perspectiva del PP, esta demora en la reclamación representa una negligencia en la gestión de los fondos públicos por parte del gobierno anterior.
El caso de las mascarillas ha tomado mayor relevancia debido a sus vínculos con Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, ministro de Transportes durante la pandemia. García, actualmente investigado, actuó como intermediario en la adquisición de material sanitario por medio de empresas que han sido acusadas de corrupción. De acuerdo con la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares, la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL estuvo involucrada en una presunta trama de contratos fraudulentos para el suministro de productos sanitarios durante la crisis sanitaria, sin antecedentes de actividad previa en el sector.
Esta situación ha llevado al PP a solicitar explicaciones a Armengol, quien sostiene que la adquisición de mascarillas fue una respuesta urgente y necesaria durante la crisis sanitaria. Ha afirmado que el contrato y las adquisiciones se realizaron en coordinación con el gobierno central y en un contexto de emergencia sanitaria, cuando existía una alta demanda de equipos de protección a nivel nacional e internacional. Sin embargo, las explicaciones de Armengol no han convencido a la actual administración, y el PP insiste en que la tercera autoridad del Estado, como presidenta del Congreso, debe aclarar estos hechos.
Además, la controversia se ha extendido al ámbito nacional. El PP ha solicitado al PSOE que aclare si hubo negligencia o conocimiento de los problemas en estos contratos, mientras que los socialistas defienden la actuación de Armengol y critican la “sobreactuación” del PP en torno al caso. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha destacado que fue precisamente la administración de Armengol la que ordenó la revisión de la calidad de las mascarillas y tramitó la reclamación, aunque esta se presentó al final de su mandato. Según Montero, las críticas del PP carecen de fundamento y buscan crear una cortina de humo para desviar la atención de otros problemas en su gestión actual.
Sumado a lo anterior, se ha abierto un nuevo frente contra Armengol. La asociación Avanza en Libertad ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Baleares acusando al gobierno de Francina Armengol de gestión negligente en la compra de equipos de protección durante la pandemia, por un valor superior a cinco millones de euros. La denuncia se centra en una posible estafa de más de dos millones de euros, debido a que gran parte del material sanitario comprado a Tyrval Import Export SL no cumplía con las normativas europeas o no fue entregado.
Según la denuncia, el suministro se estructuró en tres pedidos, y el primero, valorado en más de 1,6 millones de euros, incluyó mascarillas FFP2 y quirúrgicas, guantes y termómetros. Parte de este material fue anulado al comprobar que no cumplía las especificaciones requeridas, mientras que otros artículos no llegaron a entregarse. Sin embargo, el gobierno de Armengol no inició acciones para recuperar los fondos públicos pagados.
Este presunto fraude asciendería a un total de 2.026.600 euros malgastados, de los cuales 1,3 millones corresponden a material formalmente anulado y 723.800 euros a productos no entregados. Además, la diputada de Vox, Idoia Ribas, cuestionó al gobierno sobre la falta de un expediente de reclamación de estos fondos, lo cual evidenciaría la falta de acción del anterior ejecutivo. Mientras el debate sigue en el plano político, se espera que las investigaciones aporten claridad sobre la responsabilidad en la gestión de estos contratos.
