El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su reciente declaración ante el Tribunal Supremo como imputado por un presunto delito de revelación de secretos. Trece fiscales de la Junta de Fiscales de Sala han solicitado su renuncia inmediata, alegando que su actitud ante el juez ha sido “impropia” y que su continuidad en el cargo está causando un “daño intolerable” a la institución.
El detonante de esta crisis ha sido la comparecencia de García Ortiz ante el magistrado instructor Ángel Hurtado, en el marco de la investigación por la supuesta filtración de información relacionada con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El fiscal general optó por no responder a las preguntas del juez, justificando su silencio en la convicción de que la investigación parte de “una certeza que le impide descubrir la verdad”. Este gesto, lejos de apaciguar los ánimos, ha generado un terremoto dentro del Ministerio Público.
Los trece fiscales firmantes han plasmado su descontento en una carta dirigida a García Ortiz, en la que consideran que los acontecimientos más recientes del caso hacen “imprescindible” su dimisión. Entre los firmantes figuran dos ex fiscales generales del Estado: Consuelo Madrigal (2015-2016) y María José Segarra (2018-2020), esta última miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que también pertenece el actual fiscal general. La lista se completa con nombres de peso dentro de la Fiscalía como Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Fidel Cadena, Rosa Ana Morán, Javier Huete, Antonio Narváez, Manuel Moix, Elvira Tejada, Pilar Martín Nájera y José Miguel de la Rosa.
