Los políticos no son empresarios, sino que se dedican más bien a robar a las empresas y sus trabajadores mediante impuestos para mantener un estado elefantiásico, ineficiente y, en gran medida, innecesario. Sin embargo, sigue siendo muy común el mantra del “Estado emprendedor”, capaz de poner en marcha grandes proyectos empresariales bajo la falacia de que incluso puede hacerlo mejor que el sector privado.
El chiste, por desgracia, se cuenta sólo. Si el sector público funciona por norma mucho peor que el privado, ofertando bienes y servicios más caros y de peor calidad, el resultado es calamitoso en el ámbito de las empresas públicas. Y España no es una excepción. Valga como ejemplo la ruinosa gestión de Correos.
El Gobierno de Pedro Sánchez inyectará casi 4.000 millones de euros entre 2025 y 2028 para evitar la quiebra técnica de dicha compañía, después de acumular algo más de 1.000 millones en pérdidas desde 2015. Y ello a pesar del fuerte crecimiento que ha experimentado el comercio electrónico en los últimos años, con el consiguiente auge de la paquetería y el transporte de mercancías. Lo más vergonzoso es que parte del dinero, unos 1.500 millones, se destinará a mejorar el sueldo y las condiciones laborales de sus 50.000 empleados, incluyendo la reducción de jornada a 35 horas semanales.
Esta nueva inyección de recursos públicos, realizada a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), se suma a los más de 2.000 millones de euros destinados a la compra del 10% de Telefónica, cuyo objetivo no es otro que ampliar el área de poder e influencia del Ejecutivo del PSOE entre las grandes cotizadas españolas, siendo ésta, además, la empresa que invierte más dinero en publicidad.
Millones de euros tirados a la basura
Unos 6.000 millones de euros de todos los españoles tirados a la basura tan sólo en estas dos operaciones, mientras el Gobierno se niega a financiar la atención que requieren los enfermos de ELA o los medicamentos más avanzados contra el cáncer de mama metastásico, que podría salvar muchas vidas. No hay dinero según para qué.
La cuestión, en todo caso, es que si bien se trata de un negocio redondo para los políticos, incrementando su capacidad para colocar a amigos y afines, es una ruina para los contribuyentes. La SEPI posee 14 empresas (Efe, Correos Navantia, Tragsa, Mercasa, Ensa, Enusa, Cetarsa, Hunosa, Mayasa, Sepides, Saeca, Cofivacasa e Hipódromo de la Zarzuela). También es accionista de RTVE y cuenta con participaciones minoritarias directas en otras 10 sociedades (Airbus, Ebro Foods, Enagás, IAG, Indra, Red Eléctrica, Alestis, Enresa, Hispasat y Epicom) e indirectas en más de 100.
Pero el resultado neto es negativo, ya que el Estado pierde dinero -y mucho- con su particular actividad empresarial, aunque sin sufrir las consecuencias, puesto que, en última instancia, ese colosal agujero lo paga el contribuyente con sus impuestos. Paradores, por ejemplo, también acumula un largo historial de números rojos, a pesar de que España es la segunda potencia turística a nivel mundial.
Por suerte, son muchas las empresas públicas que se han privatizado en las últimas décadas para beneficio de sus clientes y de las cuentas públicas, en general, pero lo cierto es que en España sigue existiendo un gran margen de maniobra para vender o cerrar las sociedades que aún controla el Estado, tales como Correos, RTVE, Renfe, Aena, Paradores y tantas otras. Sencillamente, ganaríamos todos, excepto políticos y sindicatos.
