Primero, apuntaron a los propietarios y limitaron el precio del alquiler; luego, culparon a los extranjeros y eliminaron las Golden Visa; y ahora, ante la evidencia de que las rentas no dejan de subir, responsabilizan a los turistas y amenazan con restringir o, directamente, prohibir el alquiler vacacional. Y, sin embargo, ninguno de estos tres colectivos tiene nada que ver con el fuerte encarecimiento de los arrendamientos en España. Son, simple y llanamente, chivos expiatorios para ocultar el verdadero origen del problema, que no es otro que el atroz intervencionismo político perpetrado en el mercado del alquiler.
Turismofobia en su máximo esplendor
La semana pasada, miles de canarios salieron a la calle en señal de protesta contra el turismo de masas que, según denuncian, acapara la oferta de alquiler, generando escasez y altos precios para la población local que quiere acceder a una vivienda. Su objetivo es suspender la autorización de nuevas plazas hoteleras y pisos turísticos, así como la creación de un impuesto específico para los visitantes y limitar la compra de vivienda a los extranjeros.
El número de asistentes osciló entre las 50.000 y las 100.000 personas, según las diferentes estimaciones, y cosechó un gran éxito, a la vista de la repercusión obtenida tanto a nivel mediático como político. Tanto es así que estas propuestas no han tardado en extenderse a otras ciudades y zonas turísticas de España. Pero, una vez más, las apariencias engañan y lo peor de todo es que este particular recetario no sólo resultará inútil, sino que agravará aún más la situación.
La izquierda, azuzadora de unas movilizaciones con un marcado sesgo político
En primer lugar, no son manifestaciones espontáneas. La movilización de Canarias responde a intereses políticos muy concretos, ya que ha sido organizada por y para la izquierda, la misma izquierda que gobernaba en las islas hasta las elecciones autonómicas del pasado año. Además, la participación, aunque significativa, representa menos del 5% de la población, de modo que, en ningún caso, se puede calificar como mayoritaria. Y, por si fuera poco, sus reivindicaciones atentan contra el principal motor de crecimiento y empleo de la región, de modo que, en caso de implementarse, provocarían pobreza y paro.
No es la primera vez que sucede. Estas marchas son similares a las de 2002 contra la instalación de torres de alta tensión en la corona forestal de Tenerife y las de 2014 contra las prospecciones de petróleo frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, cuyo éxito en nada favoreció los intereses ni el bolsillo de los canarios. Se trata, en definitiva, de una nueva protesta partidista que yerra tanto en el diagnóstico como en la solución a aplicar.
Los pisos turísticos tienen un impacto marginal en el mercado del alquiler. Madrid, por ejemplo, tiene unas 16.000 viviendas anunciadas en Airbnb, pero el parque inmobiliario de la ciudad supera las 1,5 millones de unidades, de modo que apenas representan el 1% del total y cerca del 5% de los pisos en alquiler. En Málaga, por su parte, con 8.000 apartamentos turísticos, no llegan ni al 1% del total de inmuebles. Aunque es cierto que en los últimos años se ha registrado un cierto traspaso del alquiler tradicional al de temporada, esto no explica, ni de lejos, la fuerte subida de precios.
No, la razón es otra muy diferente. El problema de fondo es la escasez de oferta, tras caer más de un 30% desde 2020, justo cuando el Gobierno decidió intervenir el mercado del alquiler dificultando los desahucios por impago, prolongando de forma automática los contratos e incluso fijando los precios por ley. Son los políticos los que han destrozado el mercado del alquiler. Ha desaparecido un tercio de la oferta, mientras que la demanda no ha dejado de aumentar.
Limitar o restringir, una receta conocida que agrava en vez de solucionar problemas
Restringir o limitar los pisos turísticos no abaratará los alquileres y, sin embargo, dañará de forma sustancial la actividad que, en mayor o menor grado, depende de la llegada de visitantes, como la hostelería o el comercio. Buena parte de España vive del turismo, especialmente algunas zonas costeras, como es el caso de Canarias. Atacar su principal fuente de riqueza es un suicidio económico, social y político.
La única forma real y efectiva de facilitar el acceso a la vivienda consiste en aumentar la oferta, tal y como advierte del Banco de España o el Fondo Monetario Internacional. Por un lado, España necesitará del orden de 600.000 viviendas nuevas a finales de 2025 para cubrir la demanda existente. Y, por otro, el mercado del alquiler requiere mucha más oferta para frenar la escalada de precios.
Ambos objetivos dependen del poder político. Hay que liberar suelo y agilizar permisos urbanísticos para construir, al tiempo que se blinda la propiedad y se garantiza el cumplimiento de los contratos libre y voluntariamente firmados para restaurar la seguridad jurídica, junto con juicios rápidos para desalojar a morosos y okupas. Todo lo que se aleje de esto no servirá de nada. No son los turistas, son los políticos.
