Todos los impuestos, por definición, son un robo, ya que su cobro no es voluntario, sino obligatorio por ley, bajo amenaza de fuertes sanciones e incluso pena de cárcel. Sin embargo, dado que el Estado justifica la fiscalidad a cambio de la prestación de una serie de servicios públicos, el atraco en cuestión es más o menos sangrante en función del acceso y la calidad de los mismos. Y es aquí, precisamente, donde el pago de impuestos en España, lejos de estar justificado, supone un expolio en toda regla.
La recaudación del sector público se encuentra en máximos históricos. Si en 2018, cuando Pedro Sánchez llega al poder, el conjunto de las administraciones públicas ingresaba un total de 472.000 millones de euros, el importe total rozó los 626.000 millones a cierre de 2023. Es decir, unos 154.000 millones adicionales en apenas cinco años, lo que supone un aumento próximo al 33%.
Esto significa que, en términos per cápita, cada español ha pasado de pagar una media de 10.000 euros al año en impuestos a casi 13.000 euros entre 2018 y 2023. No en vano, cabe recordar que España ha sido el país de la UE que ha subido más impuestos durante este período, con un total de 69 incrementos fiscales, y un alza de la presión tributaria equivalente al 3% del PIB, casi 30 veces más que la media comunitaria.
Pero, llegados a este punto, la pregunta clave es ¿a cambio de qué? El gasto público ha crecido en 176.000 millones de euros en el último lustro, desde los 503.000 (41,8% del PIB) a los 679.000 millones (46,4%), lo que supone un aumento del 35%. El dinero público destinado a Sanidad, por ejemplo, crece en más de 20.000 millones hasta 2022, (último ejercicio consolidado), mientras que en educación sube en 10.000 millones, aunque la partida que más aumenta de lejos es Protección Social, donde se incluyen las pensiones públicas, con 50.000 millones adicionales.
Así pues, desde el punto de vista estrictamente presupuestario, el actual mandato de la coalición socialcomunista que gobierna en España se resume en muchos más impuestos y más gasto. Pero ni el acceso ni la calidad a los servicios públicos básicos que ofrece el Estado ha mejorado en los últimos años, más bien todo lo contrario. Tanto las listas como el tiempo medio de espera para operarse o ser atendido por un especialista han crecido de forma muy sustancial. En la actualidad, hay cerca de 850.000 personas pendientes de una operación quirúrgica, unas 180.000 más que en 2018, mientras que el tiempo medio de espera ha subido en 35 días, hasta superar un total de 4 meses.
Asimismo, la calidad de la educación también ha caído durante este período, tal y como evidencian los mediocres resultados del Informe PISA. O qué decir del transporte público, cuyo funcionamiento, especialmente en materia ferroviaria, se ha deteriorado de forma drástica en los últimos años, con averías y retrasos constantes tanto en corta como en media y larga distancia. Y todo ello sin contar el colapso de la Justicia, que tarda años en dictar sentencia, o la creciente criminalidad que se percibe en las calles de toda España.
Ni sanidad, ni educación ni transporte, ni justicia ni seguridad. El fuerte aumento de los impuestos no se ha traducido en mejores servicios públicos, lo cual demuestra el ingente despilfarro de dinero público que están protagonizando los políticos a costa del sufrido contribuyente. Un trabajador medio en España paga más del 44% de su sueldo real en impuestos tales como IRPF, cotizaciones sociales, IVA e Impuesto de Bienes Inmuebles. Sumando el resto de cargas fiscales, la factura total ronda el 50%. De este modo, los contribuyentes trabajan medio año para el Estado. Los españoles nunca han pagado tantos impuestos como ahora y, sin embargo, los servicios públicos funcionan cada vez peor.
Sin embargo, nada es suficiente para el Gobierno de PSOE y Sumar. Sánchez ya ha anunciado que quiere aprobar nuevas subidas de impuestos. Y su socio de coalición, Sumar, ya ha presentado un paquete con 20 nuevos incrementos, cuya aprobación agravaría aún más el infierno fiscal que padecen familias y empresas.
No, los impuestos en España no sólo son muy altos, sino que constituyen un auténtico robo, puesto que semejante recaudación fiscal no justifica en ningún caso los malos, cuando no pésimos, servicios que los ciudadanos reciben a cambio. No es de extrañar, por tanto, que cada vez sean más los trabajadores, autónomos y empresarios que deciden salir del país en busca de un futuro mejor. Sencillamente, están hartos de que les roben.
