¿Qué es el Lawfare? la ‘guerra sucia’ contra los políticos

El concepto lawfare está compuesta por la palabra ‘law’ y ‘warfare’ según la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE). Este término se emplea para describir un método de guerra asimétrica no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar.

Aunque desde hace un tiempo lawfare se está aplicando en el campo de la política. En este caso, se utiliza para designar el “uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político”. Algunos sinónimos que ofrece la RAE para referirse a este concepto son: persecución judicial, instrumentalización de la Justicia o judicialización de la política.

 Es a partir del año 1999 que este término aparece definido en el libro de estrategia militar ‘Guerra sin restricciones’, en el cual dos oficiales del Ejército Popular de Liberación utilizaron el término lawfare para referirse al “uso por parte de una nación de instituciones internacionales legalizadas para lograr fines estratégicos”. El diccionario Cambridge English Dictionary describe la palabra ‘lawfare’ como el “uso de acciones legales para causar problemas a un oponente”, mientras que el filósofo y escritor Umberto Eco optó por utilizar el concepto “máquina del fango”.

La política ha reconfigurado el término Lawfare o guerra sucia para definir la acción por la que se “denuncia un tipo de acoso y derribo a miembros de un gobierno a través de los tribunales”, de manera que se da una apariencia de legalidad a una operación que no tiene muy buena fe. Así se puede decir que en la política española este concepto, designa «el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político». Siguiendo en la línea de España, este término se ha introducido en el léxico de la política española como un término en el que los “partidos y colectivos sociales pretenden denunciar los intentos de desprestigiarlos a través del sistema judicial”. Algunos partidos políticos que se han encasillado como víctimas de estos procesos judiciales y justificados con el uso del lawfare han sido Unidas Podemos, los Comunes, Compromís o los partidos independentistas de Cataluña.

Un término que apareció de nuevo en el ámbito de la política durante las negociaciones entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, debido a la Ley de Amnistía.

Pedro Sánchez denuncia ser víctima de lawfare

Uno de los casos más recientes y sobre todo más polémicos en los que un político ha denunciado ser víctima de lawfare, es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así, Sánchez afirmó hace pocas semanas que se estaba llevando una “guerra sucia” judicial contra él, incluso cuando aún se encontraba en la oposición. En este caso se refería a cuando su entorno familiar fue objeto de “espionaje” por parte de la ‘policía patriótica’ en el año 2014. Esta situación la denunció en una entrevista en la Cadena Ser después de que anunciara que iba a continuar como presidente del Gobierno: “Que yo he sufrido ‘lawfare’ en el pasado, sin duda alguna”.

Dentro de la supuesta campaña de desprestigio y acoso que Pedro Sánchez denuncia estar sufriendo desde hace años, añade haber sufrido lawfare por parte del Partido Popular. En este sentido, se refiere a unos audios publicados por el comisario José Manuel Villarejo y el número dos del Ministerio del Interior en aquel entonces, Francisco Martínez. En estos audios se mostraba una conversación en la que se hablaba sobre el suegro de Pedro Sánchez y sus negocios.

Aunque el presidente del Gobierno ha confesado públicamente en la entrevista de Cadena Ser que si considera estar sufriendo lawfare en el caso que afecta a su mujer, Begoña Gómez. Esta situación es la que desencadenado la última crisis dentro del PSOE y que fue el motivo por el que Sánchez se retiró de la vida pública y paralizó su agenda presidencial durante cinco días para “reflexionar” si debía continuar como presidente del Gobierno: “Como persona puedo tener mi opinión sobre esto, pero soy presidente del Gobierno de España”.

Pablo Iglesias confiesa que su partido fue víctima de lawfare

El exvicepresidente del Gobierno y fundador de Podemos, Pablo Iglesias, ha acusado a la dirigente de Más Madrid, Rita Maestre, por haber “aprovechado” el lawfare contra su partido para “medrar” y “crecer como formación política”. Así, Iglesias publicó un vídeo a través de sus redes sociales aseguraba ser víctima de esta persecución política y que el lawfare contra Podemos “viene de lejos”. Además, recordaba a varios dirigentes de su espacio político que había sufrido las consecuencias de la guerra sucia en los tribunales a través de una “cacería política”, como la que ahora vive el presidente del Gobierno.

En su publicación en redes sociales relataba el caso de lawfare que vivió desde su partido y destacaba el nombre de la exalcaldesa de Madrid, Carmena y número 9 de la lista de Ahora Madrid al Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer: “El Ayuntamiento de Madrid denunció a los titiriteros víctimas del lawfare y Carmena cesó a Celia Mayer por lo mismo. Claro que viene de largo el lawfare, pero algunos aprovechasteis lo que hacían a vuestros compañeros para medrar”.

Carles Puigdemont y el lawfare en Cataluña

Junts y PSOE llegaron a un acuerdo sobre la amnistía en Cataluña en el 2023, que supuso la modificación de la ley para que desaparecieran una serie de delitos cometidos durante el ‘procés’ y el referéndum ilegal del 1-O. Este acuerdo incluía que perdón legal en los casos de lawfare. Este punto fue una de las peticiones más importantes de Carles Puigdemont, el fin de esto era blindarse a él y a sus colaboradores en las distintas causas judiciales.

Carles Puigdemont incluso ha dado una definición de lawfare en la red social “X”: “El uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos no busca hacer justicia sino conseguir, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial”.

El acuerdo pactado entre PSOE y Junts refleja como la ley de amnistía se aplicaría en los supuestos casos de lawfare: “Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.

Iniciativa-Compromís y el lawfare contra Mónica Oltra

El final del proceso judicial contra Mónica Oltra ya ha finalizado, por lo que permite recuperar a la exvicepresidenta como activo político. Hay que recordar que Oltra tuvo que dejar la vida política después de que su marido, Luis Eduardo Ramírez, fuera condenado por abusar sexualmente a una menor de edad. Así, el diputado Carles Esteve, uno de los parlamentarios más cercanos a la exdirigente, declaró sus ganas de que Oltra volviera “a un proyecto más amplio”, aunque la formación siempre matiza que será cómo, cuándo y dónde ella quiera.

Durante la última intervención del diputado, este añadió varias alusiones al caso que obligó a Mónica Oltra a dimitir, empujada por sus socios de gobierno. “La persona más relevante políticamente de nuestra formación ha sufrido un claro caso de lawfare, junto con su equipo y uno de nuestros exportavoces. Una guerra jurídica sucia a la que quizás no hemos sabido dar la respuesta necesaria dentro de la coalición electoral de la que formamos parte”.