En el último medio siglo, España ha visto algunos de los casos de corrupción más graves de su historia. Estos episodios han sido objeto de escrutinio no solo por la magnitud del dinero involucrado, sino también por su impacto en la opinión pública. Según un estudio del Instituto de Investigación en Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, solo entre 2000 y 2020 se registraron 3.743 casos de corrupción política. Esta cifra refleja la gravedad del problema en las últimas décadas, en las que se dispone de más datos y mayor transparencia.
En este sentido, es fácil entender por qué España ha descendido al puesto 35 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2022, publicado por Transparencia Internacional, una posición que también ha mantenido en 2023. Además, el país ocupa la posición 14 entre los 27 miembros de la Unión Europea, justo por debajo de Portugal y Lituania, lo que muestra la preocupación persistente por la corrupción en el ámbito político y público.
Gobierno de Felipe González (1982-1996)
Al asumir el poder, Felipe González generó polémica al anunciar auditorías que destaparon casos de corrupción vinculados al Gobierno de la UCD. A lo largo de sus mandatos, especialmente durante las IV y V Legislaturas de España, varios escándalos de corrupción marcaron su gobierno.
Caso Flick
Uno de los primeros escándalos fue el Caso Flick, una trama de financiación ilegal de partidos y evasión de impuestos que involucró al multimillonario Friedrich Karl Flick. A través de la Fundación Friedrich Ebert, cercana al SPD alemán, se canalizaron fondos para financiar al PSOE, provenientes de donaciones de Flick, sumando un millón de marcos alemanes.
Caso KIO y Urbanor
El Caso KIO-Caso Urbanor supuso un golpe económico significativo, con una suspensión de pagos por 300.000 millones de pesetas (1.803 millones de euros). Javier de la Rosa, gerente en España, y sus colaboradores fueron acusados de haber sustraído 30.000 millones de pesetas (180 millones de euros). Esta trama se vinculó posteriormente al Caso Wardbase, relacionado con un pago fraudulento de 1.900 millones de pesetas a Manuel Prado y Colón de Carvajal.
Desvío de fondos y uso privado de recursos públicos
Otro de los escándalos más resonados fue el Caso de los Fondos Reservados, donde se desviaron partidas destinadas a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico entre 1987 y 1993. Este dinero, alrededor de 5 millones de euros, fue utilizado para enriquecimiento personal y pagos irregulares a altos funcionarios del Ministerio del Interior.
Expropiación y quiebra de Rumasa
El Caso Rumasa implicó la expropiación, venta y liquidación del conglomerado empresarial de la familia Ruiz-Mateos. La operación, cargada de irregularidades, culminó en la quiebra total del holding, generando un importante impacto económico y social.
Caso Filesa
El Caso Filesa reveló una compleja red de financiación ilegal del PSOE a través de las empresas tapadera Filesa, Malesa y Time-Export. Entre 1988 y 1990, estas compañías recibieron cuantiosas sumas por estudios de asesoramiento que nunca se realizaron. Figuras clave del PSOE, como el diputado Carlos Navarro y Guillermo Galeote, estuvieron implicadas. Este caso derivó en otros como el Caso Ave y el Caso Seat, vinculados a comisiones ilegales y recalificación irregular de terrenos.
Oposiciones amañadas en el Servicio Vasco de Salud
En 1990, el Caso Osakidetza reveló un escándalo de fraude en las oposiciones al Servicio Vasco de Salud. Se descubrió un «cambiazo» masivo de exámenes, lo que obligó a repetir gran parte de las pruebas. Funcionarios del PSOE y UGT fueron acusados de intentar beneficiar a personas cercanas a sus partidos.
El caso Guerra
El Caso Guerra fue uno de los más mediáticos de la época, donde Juan Guerra, hermano del vicepresidente Alfonso Guerra, enfrentó múltiples cargos, entre ellos cohecho, fraude fiscal y tráfico de influencias. Aunque fue absuelto de la mayoría de los cargos, el juicio fue un escándalo que sacudió la imagen del gobierno.
Caso Casinos
El Caso Casinos destapó el desvío de 3.000 millones de pesetas por parte de Artur Suqué, presidente de Casinos-Inverama, de los cuales 1.000 millones fueron presuntamente destinados a la financiación ilegal de Convergència i Unió. Mientras que el Caso Ibercorp reveló la especulación bursátil por parte del entonces gobernador del Banco de España, Mariano Rubio.
Caso Urbanor
El Caso Urbanor, centrado en la venta de los terrenos de Plaza Castilla en Madrid para la construcción de las Torres KIO, evidenció irregularidades que, aunque reconocidas, prescribieron antes de la sentencia. Sin embargo, en 2010, se dictó pena de cárcel por falsedad documental. Simultáneamente, el Caso Sarasola destacó la gestión irregular del Hipódromo de La Zarzuela y la concesión de la quiniela hípica, lo que implicó al empresario Enrique Sarasola.
Operaciones fraudulentas y escándalos en la administración pública
Otros casos como el Caso Bardellino, que implicó la liberación y huida de un capo de la camorra, y el Caso Cementerio, relacionado con la privatización irregular de la Empresa de Servicios Funerarios de Madrid, evidenciaron la magnitud de la corrupción en diversos sectores. El Caso Godó destapó espionaje telefónico por exagentes del CESID, mientras que el Caso BFP implicó una estafa a través de pagarés falsos, que llevó a la cárcel a altos cargos de CiU.
El declive económico y las sombras sobre la Expo’92
El Caso Expo’92 destacó por un agujero económico de más de 210 millones de euros y acusaciones de cohecho y prevaricación. El Caso Roldán sacudió a la Guardia Civil cuando su director, Luis Roldán, fue acusado de enriquecerse ilícitamente con fondos públicos, mientras que el Caso Banesto reveló un agujero patrimonial de 3.636 millones de euros.
Gobierno de José María Aznar López (1996-2004)
Durante el mandato de José María Aznar en la VI y VII Legislatura de España, se destaparon varios casos que sacudieron el panorama político y económico del país:
Caso Zamora
Este caso investigó la presunta financiación ilegal del Partido Popular en Zamora, mediante el cobro de comisiones del 8% por obras públicas entre 1987 y 1991. Un total de 33 personas, principalmente políticos del PP y empresarios del sector de la construcción, fueron imputadas. Sin embargo, en 2002, la causa fue archivada.
Caso Pallerols
La presunta financiación irregular de Unió Democràtica surgió a partir del desvío de subvenciones para cursos de formación laboral, gestionadas por empresas vinculadas a Fidel Pallerols y su esposa. Aunque el caso fue archivado temporalmente en 2005, la Audiencia Provincial de Barcelona lo reabrió en 2006.
Caso del Lino
En este caso, se investigaron supuestas ayudas irregulares al cultivo de lino, que habrían favorecido a altos cargos del gobierno popular, incluida la ministra de Agricultura Loyola de Palacio. A pesar de las acusaciones iniciales, una Comisión de Investigación y la Audiencia Nacional no encontraron pruebas de fraude. Sin embargo, en 2009, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España a devolver 129 millones de euros debido a deficiencias en el control de estas ayudas.
Caso Sanlúcar
Miembros del PSOE y empresarios locales intentaron sobornar a un concejal del PP en Sanlúcar de Barrameda. En 2006, seis personas, incluidos los exalcaldes socialistas de Sanlúcar y Chipiona, fueron condenadas por cohecho y tráfico de influencias.
Caso Villalonga
Este caso involucró al presidente de Telefónica, Juan Villalonga, acusado de tráfico de influencias por haberse beneficiado económicamente a través de la compra de acciones utilizando información privilegiada.
Caso Tabacalera
César Alierta, entonces presidente de Tabacalera, junto con su esposa y un sobrino, fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito mediante la compraventa de acciones con información privilegiada. En 2010, fue absuelto debido a la prescripción del delito.
Caso Forcem
En la Fundación para la Formación Continua (FORCEM), creada por CCOO, UGT, CEOE, CIG y CEPYME para gestionar subvenciones de la Unión Europea para la formación de trabajadores, se detectó un presunto fraude. Empresas que recibieron fondos resultaron ser ficticias. La Fiscalía solicitó el procesamiento de seis altos cargos de UGT por un fraude de 100 millones de euros, y el Tribunal de Cuentas identificó responsabilidades penales y civiles.
Caso Gescartera
Este escándalo financiero dejó un agujero patrimonial de 50 millones de euros en la sociedad de inversión Gescartera, afectando gravemente a sus inversores y sacudiendo la confianza en el sistema financiero español.
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011)
Durante las VIII y IX Legislaturas de España, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, se hicieron públicos los siguientes casos:
Caso Zarrafaya
En 2005, Salvador Zamora, el alcalde socialista de Zarrafaya, una localidad en Granada, fue condenado a nueve meses de cárcel y multado con 2.160 euros por un delito de prevaricación administrativa. Junto a él, tres concejales fueron sentenciados a siete años de prisión por autorizar la construcción de un complejo hotelero en suelo rural no urbanizable. Su sucesor en el cargo, José Miguel Muñoz, también del PSOE, recibió una condena de nueve meses de cárcel por desobediencia grave a la autoridad al negarse a detener la obra.
Caso Matsa
En 2009, la Junta de Andalucía otorgó una subvención de 10,1 millones de euros a la empresa minera Matsa. La oposición y el sindicato Manos Limpias denunciaron en dos ocasiones que esta subvención violaba la ley de incompatibilidades debido a que Paula Chaves, hija del entonces presidente andaluz Manuel Chaves, trabajaba en la empresa. El Tribunal Supremo archivó ambas querellas, al no encontrar indicios de delito.
Caso Plasenzuela
José Luis Villegas, alcalde socialista de Plasenzuela, Cáceres, fue imputado por presuntos delitos de prevaricación, malversación, estafa y delitos urbanísticos. Se le acusó de desviar 4,4 millones de euros de fondos públicos y apropiarse de otros 66.000 euros destinados a la construcción de una residencia y un polideportivo. También fueron imputados un concejal socialista, el secretario municipal y Domingo Galán Encina, alcalde del cercano pueblo de Torremocha y miembro del Partido Popular.
Caso de los ERE falsos
En 2011, la investigación del Caso Mercasevilla destapó una supuesta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, relacionada con prejubilaciones irregulares en expedientes de regulación de empleo. El fraude alcanzaría los 1.400 millones de euros y afectaría a 68 empresas. Entre los principales implicados se encontraban Antonio Rivas, delegado de Empleo en Sevilla, y Antonio Fernández García, consejero de Empleo de la Junta. El caso sigue bajo investigación por la justicia ordinaria y el Tribunal de Cuentas.
Caso Riopedre o Renedo
En enero de 2011, José Luis Iglesia Riopedre, exconsejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias bajo el gobierno de Vicente Álvarez Areces, fue acusado de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios. Las acusaciones giraban en torno a una supuesta trama de adjudicaciones ilegales valoradas en más de 14 millones de euros.
Caso Campeón
Este caso, que involucraba una presunta trama de captación de subvenciones ilegales para empresas gallegas, llevó a la detención de varios altos cargos, incluidos dos directores del IGAPE. Entre los investigados estaban dos diputados socialistas autonómicos, el alcalde de Lugo, José López Orozco, y Oriol Pujol, hijo de Jordi Pujol. El ministro de Fomento y vicesecretario del PSOE, José Blanco López, fue acusado de cohecho y tráfico de influencias, aunque finalmente fue absuelto.
Caso ITV
Derivado del Caso Campeón, esta investigación se centró en una presunta trama de concesiones irregulares de ITV en Cataluña. En marzo de 2012, fueron detenidos dos altos cargos del gobierno catalán, Josep Tous, coordinador general de la Diputación de Barcelona, e Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial, junto a tres empresarios. Oriol Pujol fue señalado como cómplice de los presuntos delitos.
Caso Millet
Fèlix Millet, presidente del patronato del Palau de la Música Catalana, fue acusado de desfalcar 35,1 millones de euros de su presupuesto durante 10 años. Un informe policial indicó que 12 millones de esos fondos habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya.
Caso Nóos
Este caso, surgido en 2010 como una derivación del caso Palma Arena, se centró en el fraude fiscal presuntamente cometido por Iñaki Urdangarin, duque consorte de Palma de Mallorca. Urdangarin fue acusado de desviar fondos públicos para su beneficio personal a través del Instituto Nóos, junto a su socio Diego Torres.
Caso Brugal
Iniciada en 2006, esta investigación sobre delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en la provincia de Alicante, afectó a varias localidades gobernadas por el Partido Popular.
Caso Logroño Turismo
Entre 2008 y 2011, el concejal del Ayuntamiento de Logroño, Ángel Varea (PR+), y su asesor, Erich Reiner, adjudicaron irregularmente contratos a la empresa Jazz Group a través de la fundación Logroño Turismo. Ambos fueron condenados en 2021, junto al gerente de la empresa, a tres años de prisión, diecisiete años de inhabilitación y una multa de 6.000 euros.
Gobierno de Mariano Rajoy Brey (2011-2018)
Caso Emarsa
El caso Emarsa involucra presuntas irregularidades en la gestión de la planta depuradora de Pinedo, encargada del tratamiento de aguas residuales en el área metropolitana de Valencia. Los principales implicados son Enrique Crespo, expresidente de Emarsa y vinculado al Partido Popular, junto a Esteban Cuesta, gerente de la empresa y exalcalde pedáneo de Benimámet, designado por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Ambos están acusados de desviar fondos públicos destinados al mantenimiento de la planta.
Operación Pitiusa
En la Operación Pitiusa, la policía detuvo a 88 personas, incluyendo 15 empleados públicos, acusados de formar parte de una red dedicada al robo y tráfico de datos confidenciales. La red, con base en Barcelona, operaba en 11 comunidades autónomas, vendiendo información a empresas privadas, principalmente bancos y operadoras de telecomunicaciones, a través de detectives privados. Este tráfico ilegal de datos comprometió la seguridad de las administraciones públicas.
Operación Pokémon
La Operación Pokémon, iniciada en 2012 en Galicia, investiga una trama de corrupción que involucra a varios políticos locales. Entre los acusados destacan Francisco Rodríguez, alcalde de Orense, Adolfo Gacio, alcalde de Boqueixón, y varios concejales de diferentes municipios. El caso gira en torno a favores, sobornos y adjudicaciones irregulares de contratos públicos, reflejando el alcance de la corrupción en la administración local gallega.
Caso Dívar
El caso Dívar se centra en el uso indebido de fondos públicos por parte de Carlos Dívar, expresidente del Poder Judicial, quien costeó 30 viajes a la Costa del Sol con dinero estatal. Pese a ser exonerado inicialmente, la presión mediática y política lo llevó a dimitir, siendo el primer presidente del Poder Judicial en abandonar el cargo en medio de un escándalo por corrupción.
Caso de la cooperación
El caso de la cooperación revela el desvío de más de 6 millones de euros en subvenciones destinadas a proyectos humanitarios, bajo la dirección de Rafael Blasco, exconsejero del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Estos fondos, destinados teóricamente a ayuda internacional, fueron utilizados para la compra de propiedades de lujo en Miami. El caso expone la malversación de recursos públicos a través de ONG’s.
Caso Bárcenas
El caso Bárcenas salió a la luz en 2013, cuando se reveló que el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, distribuía sobresueldos a altos cargos del partido con dinero no declarado, procedente de donaciones irregulares de empresas.
Caso Amy Martin
El escándalo Amy Martin involucra a la Fundación Ideas, vinculada al PSOE, que facturaba bajo el nombre de una autora ficticia. Se descubrió que «Amy Martin» era en realidad la esposa del director de la fundación, Carlos Mulas, quien cobraba por artículos nunca escritos. Este caso reveló irregularidades en la gestión de la fundación y el uso de dinero público para beneficios personales.
Caso Pujol
El caso Pujol investiga al expresidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol, su esposa Marta Ferrusola y otros miembros de su familia por delitos de corrupción, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. La trama salió a la luz en 2014 y ha revelado una red de corrupción familiar que supuestamente se extendió durante décadas, vinculada al enriquecimiento ilícito a través de cargos públicos.
Tarjetas opacas de Caja Madrid
El caso de las tarjetas opacas, conocido también como el caso «Black», involucró a consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia, quienes utilizaron tarjetas de crédito no declaradas para gastos personales durante años. Los cargos alcanzaron cifras millonarias, afectando gravemente las finanzas de la entidad, y se considera uno de los mayores escándalos financieros en España, con implicaciones políticas y empresariales de alto nivel.
Operación Púnica
La Operación Púnica destapó una red de corrupción que afectaba a políticos, funcionarios y empresarios. En octubre de 2014, la Guardia Civil detuvo a 51 personas implicadas en la adjudicación irregular de contratos públicos por valor de 250 millones de euros en un plazo de dos años. Los detenidos recibían comisiones ilegales a cambio de otorgar estos contratos, lo que desató una de las mayores operaciones contra la corrupción en España.
Caso Terra Natura Benidorm
El caso Terra Natura Benidorm involucra a la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), que firmó un convenio con Terra Natura para pagar una deuda mediante entradas al parque temático. La Sindicatura de Cuentas denunció la falta de claridad en el uso de estas entradas y el canon anual, lo que revela una gestión deficiente y sospechas de irregularidades financieras.
Caso Gürtel
El caso Gürtel es uno de los mayores casos de corrupción en la historia reciente de España, que involucra a una red organizada de altos cargos políticos y empresarios, vinculados al Partido Popular. Esta trama funcionó durante casi dos décadas, desviando fondos públicos para el beneficio personal de sus miembros y dañando gravemente las arcas del Estado. La investigación ha revelado un sistema corrupto enraizado en diversos niveles de la administración pública y el sector privado.
Gobierno de Pedro Sánchez (2018-presente)
Operación Madeja
Desde 2014, la Operación Madeja es una investigación anticorrupción liderada por la juez Mercedes Alaya y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española. La investigación, que comenzó en 2013 bajo secreto de sumario, se centra en presuntas comisiones ilegales pagadas por la empresa Fitonovo a cambio de contratos públicos. Estas prácticas habrían perjudicado a varias instituciones públicas en Andalucía, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias, Comunidad de Madrid, el Ministerio de Fomento, así como a los ayuntamientos de Sevilla, Algeciras (Cádiz), La Carolina (Jaén) y a la empresa pública Adif.
Caso Koldo
La Operación Delorme, también conocida como caso Koldo o caso PSOE, es una investigación de corrupción que involucra a Koldo García Izaguirre, un asesor político y asistente personal del exministro José Luis Ábalos. García Izaguirre, quien además ejercía como chófer, está vinculado a presuntas actividades ilícitas ocurridas durante los mandatos de Ábalos, primero como ministro de Fomento en el gobierno de Pedro Sánchez (2018-2020) y luego como titular de la cartera de Transportes (2020-2021).
Alguno de los casos más mediáticos
Caso de los ERE
El caso de los ERE, también conocido como EREgate o el escándalo de los ERE, es una investigación judicial que involucra a la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE entre 1980 y 2018, y el sindicato UGT. Este caso de corrupción política gira en torno a la malversación de fondos públicos destinados a los expedientes de regulación de empleo (ERE), desviados hacia familiares, amigos y militantes del PSOE. Se estima que el fraude, ocurrido entre 2000 y 2009, asciende a 680 millones de euros, aunque podría llegar a mil millones al incluir otros años.
Gran parte del gabinete de la Junta de Andalucía ha sido acusado de participar en el desvío de dinero público. Durante la presidencia de Susana Díaz, se ocultaron documentos clave relacionados con el Instituto de Fomento de Andalucía, lo que complicó las investigaciones. Incluso María Jesús Montero, entonces consejera de Hacienda, no reclamó los fondos defraudados. La Junta también es acusada de otorgar subvenciones sin control, lo que generó una falta de transparencia y planificación en el gasto público.
El caso ERE ha sido investigado por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, liderado inicialmente por la jueza Mercedes Alaya, quien fue apartada del caso, según afirmó, debido a presiones políticas. La jueza María de los Ángeles Núñez Bolaños la sustituyó, pero fue criticada por la Fiscalía Anticorrupción por su falta de diligencia en la investigación, lo que generó múltiples retrasos. En 2019, el juez José Ignacio Vilaplana tomó el relevo de la instrucción.
La Junta de Andalucía, bajo el nuevo gobierno, acusó a testigos clave y pagó defensas de los procesados, lo que causó controversia. En 2019, el Gobierno de España, bajo la presidencia de Pedro Sánchez, intervino financieramente a la Junta por incumplir la ley de estabilidad presupuestaria en 2018, último año del gobierno del PSOE en la comunidad. Este caso ha sido uno de los mayores escándalos de corrupción en España, afectando seriamente la reputación del PSOE en Andalucía.
Caso Nóos
El caso Nóos, también conocido como caso Urdangarin, comenzó en 2010 cuando el juez José Castro, en el marco de la investigación del caso Palma Arena, decidió abrir una nueva pieza para investigar los convenios firmados entre el Gobierno balear y el Instituto Nóos. Esta organización sin ánimo de lucro estaba presidida por Iñaki Urdangarin, yerno del entonces rey Juan Carlos I. La investigación reveló que el Instituto había recibido millones de euros de fondos públicos para eventos de dudosa relevancia, lo que levantó sospechas de malversación y otros delitos.
A lo largo del proceso judicial, Urdangarin y su socio, Diego Torres, fueron acusados de malversación, fraude, prevaricación y blanqueo de capitales. En 2016, ambos fueron llevados a juicio junto a otros implicados, incluida la infanta Cristina, esposa de Urdangarin, acusada por delitos fiscales. La sentencia inicial de 2017 condenó a Urdangarin a seis años de cárcel, mientras que Diego Torres recibió una condena de ocho años. La infanta Cristina fue multada, pero no encarcelada.
En 2018, el Tribunal Supremo revisó las sentencias y redujo algunas penas. Urdangarin vio su condena disminuida a cinco años y diez meses de prisión, mientras que la de Torres se redujo a cinco años y ocho meses. Jaume Matas, expresidente balear, también fue condenado, y las multas impuestas a Cristina de Borbón y otros implicados fueron reducidas.
Este caso, que se prolongó durante más de una década, dejó al descubierto un complejo entramado de corrupción que afectó a figuras destacadas de la realeza y de la política española, provocando un gran impacto mediático y político en el país.
Caso Bárcenas
El Caso Bárcenas, centrado en Luis Bárcenas y su papel en la presunta financiación irregular del Partido Popular (PP), se convirtió en un escándalo de gran magnitud en España. El 18 de enero de 2013, el diario El Mundo informó que Bárcenas, ex tesorero del PP, presuntamente pagaba sobresueldos en dinero negro a altos cargos del partido, con cantidades que oscilaban entre 5.000 y 15.000 euros mensuales.
Días después, el 31 de enero, El País publicó los llamados «papeles de Bárcenas», una supuesta contabilidad en B que el extesorero habría mantenido desde 1990 hasta 2009. Estos documentos implicaban a varios políticos y empresarios en la trama de financiación ilegal.
Bárcenas se sometió voluntariamente a una prueba caligráfica para desacreditar los papeles filtrados, pero el fiscal del caso Gürtel solicitó repetirla, alegando que Bárcenas había forzado su escritura. El 18 de febrero de 2013, Bárcenas denunció que empleados del PP irrumpieron en su despacho y le sustrajeron dos ordenadores personales, lo que provocó una investigación policial que no tuvo consecuencias judiciales, ya que el PP negó la existencia de dicho despacho.
El 26 de febrero, presentó una denuncia por despido improcedente contra el PP, argumentando que había estado contratado hasta enero de 2013, mientras que el partido afirmó haberlo despedido en 2010. Paralelamente, Izquierda Unida demandó a 15 personas, incluidos Rodrigo Rato y Ángel Acebes, por su presunta implicación en los papeles de Bárcenas.
El 27 de junio de 2013, el juez Pablo Ruz ordenó el ingreso en prisión de Bárcenas para evitar su fuga y asegurar la preservación de pruebas. El 7 de julio, El Mundo publicó una entrevista con Bárcenas, realizada antes de su encarcelamiento, en la que reconocía la autenticidad de los papeles filtrados por El País y revelaba que el PP había estado financiándose ilegalmente durante veinte años. Según Bárcenas, los fondos provenían principalmente de empresarios y se utilizaban para financiar campañas electorales y pagar sobresueldos a altos cargos.
En agosto de 2013, varios dirigentes del PP, como Javier Arenas y María Dolores de Cospedal, declararon ante la Audiencia Nacional, negando haber recibido pagos en B. En 2017, nuevas revelaciones surgieron a partir de conversaciones interceptadas entre el exministro Eduardo Zaplana y el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que aludían a la supuesta financiación ilegal del PP. Este hecho llevó al juez a investigar a figuras como el empresario Rafael Palencia y otros involucrados en la trama.
Caso Pujol
El Caso Pujol hace referencia a un proceso judicial de corrupción que involucra a Jordi Pujol i Soley, expresidente de la Generalidad de Cataluña, su esposa Marta Ferrusola, y otros miembros de su familia. Las investigaciones abarcan delitos como cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación y malversación.
La familia Pujol Ferrusola, integrada por Jordi Pujol, Marta Ferrusola y sus siete hijos, ha sido señalada por presuntamente ocultar grandes sumas en cuentas en paraísos fiscales, especialmente en Suiza y Andorra. Aunque algunos medios comenzaron a exponer estas sospechas en 2014, los Pujol han negado repetidamente tener cuentas en el extranjero.
En julio de 2014, Jordi Pujol reconoció públicamente haber ocultado dinero en el extranjero durante 34 años, atribuyendo estos fondos a una herencia de su padre. Aunque pidió disculpas, la declaración causó una gran controversia. Se estima que la cantidad ocultada rondaba los cuatro millones de euros, ubicados en Andorra y supuestamente beneficiados por la amnistía fiscal de 2012.
La confesión provocó una rápida reacción legal. El sindicato Manos Limpias presentó una denuncia contra Pujol y su esposa por varios delitos, lo que inició una investigación judicial. En respuesta, Jordi Pujol renunció a los privilegios que tenía como expresidente de la Generalidad, incluyendo su sueldo y el título honorífico de «Molt Honorable Senyor».
A partir de diciembre de 2015, el juez José de la Mata de la Audiencia Nacional citó a declarar a Jordi Pujol y su esposa por un delito continuado de blanqueo de capitales. La investigación reveló una supuesta estrategia familiar para ocultar y distribuir ingresos ilícitos provenientes de diversas actividades corruptas. En un principio, las pesquisas se dividieron en dos juzgados, centrando las investigaciones en los hijos Jordi y Oleguer Pujol Ferrusola. Posteriormente, el caso se consolidó en el Juzgado Central de Instrucción número 5.
En 2020, el juez De la Mata concluyó que había suficientes pruebas para llevar a juicio a toda la familia Pujol por delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y fraude. El auto judicial señalaba que la familia había utilizado su influencia política y económica en Cataluña para acumular un patrimonio ilícito, vinculado directamente a actividades corruptas que se prolongaron durante décadas.
Operación Púnica
La Operación Púnica, llevada a cabo por la Guardia Civil en 2014, destapó una red de corrupción que involucraba a políticos, funcionarios y empresarios en la adjudicación ilegal de contratos públicos por valor de 250 millones de euros. El operativo, coordinado por el juez Eloy Velasco, resultó en la detención de 51 personas, entre ellas Francisco Granados, ex número dos del Partido Popular en Madrid, quien se convirtió en uno de los principales implicados en la trama. A cambio de adjudicaciones, se cobraban comisiones del 2 al 3% del valor de los contratos, que luego eran blanqueadas a través de un complejo entramado societario.
La trama afectaba principalmente a comunidades autónomas como Madrid, Murcia y Valencia, y entre los implicados se encontraban seis alcaldes de la Comunidad de Madrid, así como figuras destacadas del Partido Popular, como Granados, y miembros del PSOE. Empresas como Cofely e Indra también fueron vinculadas a la red de corrupción por haber recibido contratos amañados. A raíz de las investigaciones, Francisco Granados fue encarcelado, y otros funcionarios fueron investigados, como José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de Madrid.
El caso se ha prolongado durante años, con nuevas imputaciones que incluyeron a altos cargos como Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, ambas expresidentas de la Comunidad de Madrid. En 2019, el juez García-Castellón decidió imputar a estas figuras por su presunta implicación en la financiación ilegal del Partido Popular. La complejidad del caso llevó a la división del proceso judicial en varias piezas, y la fecha para la finalización de la instrucción se fijó en junio de 2020.
Caso Gürtel
El caso Gürtel, conocido también como Operación Gürtel, fue una investigación que comenzó en 2007 y estalló en 2009, vinculando a una red de corrupción política relacionada con el Partido Popular (PP) en las comunidades de Madrid y Valencia. El empresario Francisco Correa, cuyo apellido en alemán dio nombre al caso, encabezaba la trama. La investigación se originó tras una denuncia del exconcejal José Luis Peñas, quien presentó pruebas que comprometían a varios políticos y empresarios, lo que llevó a una extensa indagación por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
Francisco Correa, junto con sus colaboradores más cercanos, Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, establecieron un conglomerado de empresas que se beneficiaba de contratos públicos a través de sobornos y favores a funcionarios. Sus empresas, como Orange Market, organizaban eventos para el PP y gestionaban fondos irregulares que habrían sido obtenidos de diversas entidades públicas, saltándose normativas legales. El nombre de Correa y su círculo de confianza se asoció a un sistema de corrupción que operaba en varias regiones de España.
La investigación reveló la existencia de una contabilidad paralela, conocida como «caja B», en la que se registraban pagos en negro y donaciones ilegales a altos cargos del PP. Esta contabilidad dio origen al caso Bárcenas, una derivación del Gürtel que involucraba al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y señalaba una presunta financiación ilegal del partido. Aunque el caso Bárcenas fue inicialmente tratado de forma separada, terminó siendo integrado dentro de la investigación Gürtel bajo la instrucción del juez Pablo Ruz.
A lo largo de los años, el caso Gürtel ha implicado a numerosas figuras políticas y empresariales cercanas al Partido Popular, afectando tanto a dirigentes regionales como nacionales. El levantamiento del secreto de sumario en 2019 reveló pruebas adicionales sobre la posible financiación ilegal del PP en varias comunidades autónomas. A pesar de las múltiples detenciones y juicios, la complejidad del caso sigue desvelando nuevos implicados y ramificaciones dentro de la política española.
