El presidente de Manos Limpias, Miguel Bernard, tras presentar una denuncia contra Artur Mas, en agosto del 2015. /JOSE LUIS ROCA
La denuncia interpuesta por el autodenominado sindicato Manos Limpias, dirigido por Miguel Bernad, contra Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez, ha vuelto a poner a la organización en el centro del huracán. El colectivo se encuentra detrás de la denuncia presentada contra Gómez por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Pero esta no se trata de la primera acción judicial de Manos Limpias. De hecho, lleva años enfrentándose a sus rivales políticos -todos de partidos de izquierdas- con la misma estrategia: difundir la interposición de la querella con el objetivo de que se haga mediática y ocultar, posteriormente, su rechazo por parte de los jueces.
La primera parte de la estrategia no la esconden. La segunda sí. De hecho, en su página web, el autodenominado “sindicato de funcionarios” señala que es una máquina de presentar querellas. También explican que su principal función pasa por “interponer todo tipo de denuncias ante las corrupciones políticas o económicas que lesionen el interés público o general”. Lo que no indican es que se les ha investigado en varias ocasiones por impulsar denuncias falsas, y que gran parte de sus acciones judiciales acaban en nada.
Miguel Bernad, el exsecretario general del Frente Nacional condenado al fracaso
Es abogado de profesión y nació en el 1942. No debería sorprender a nadie que Miguel Bernad fuera secretario general del Frente Nacional, el partido de extrema derecha fundado por Blas Piñar tras la disolución de Fuerza Nueva. Su camino por el partido tampoco le trajo muchas victorias, ya que fracasó en las elecciones europeas de 1989 al no conseguir el escaño. Más tarde, fundó otro partido, Derecha Española, pero también le fue mal y fichó como asesor de un concejal del PP de Madrid, Ángel Matanzo, que lo recomendó entre sus círculos.
Fue en esa época cuando Bernad comenzó a descubrir su vocación de querellar a diestro y siniestro. Ahí ya lo habían nombrado Caballero de Honor de la Fundación Nacional Francisco Franco, y empezó a hacerse conocido en los tribunales.
Su debut como querellante empezó con la denuncia -sin pruebas- a Enrique Tierno Galván, exalcalde socialista de Madrid, por malversación de caudales públicos. No quedó en nada, pero ocasionó cierto revuelo, y a partir de ahí repetiría el mismo modus operandi una y otra vez.
Sin embargo, esta vez no estaba solo. Fundó Manos Limpias en 1995, en plena alcaldía de José María Álvarez de Manzano, como una sección sindical del propio ayuntamiento capitalino. Su inspiración era el italiano Mani Pulite, el proceso judicial que se convirtió en uno de los iconos de la lucha contra la corrupción en los años 90. No llegó a tanto.
El golpe más duro de Bernad se produjo el 9 de julio de 2021, cuando la Audiencia Nacional lo condenó a cuatro años de cárcel por cooperar con el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, para extorsionar a bancos y empresas para que les pagasen a cambio de evitar acciones judiciales o campañas de descrédito en su contra.
La Fiscalía pidió para Miguel Bernad 25 años de cárcel y la Audiencia Nacional limitó la condena a 4 años en una sentencia en la que consideró probado que Luis Pineda, al ver que una manera de obtener dinero era a través de procesos penales, estableció una colaboración con Manos Limpias, que se personaba como acusación en causas con gran repercusión mediática.
Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló este marzo la sentencia al concluir, en contra de los magistrados de primera instancia, que las “presiones” empleadas no eran suficientes para considerarlas una “intimidación”, pese a que pudieran resultar “censurables en el plano de la valoración ética”. Lo que sí que consideró probado es que Pineda ejerció acciones civiles y penales -de acuerdo con Bernad- contra entidades financieras con las que después negociaba acuerdos publicitarios en favor de Ausbanc.
Una controvertida historia llena de altibajos
Manos Limpias alcanzó una de las cimas de su influencia hace una década por su papel en el sumario del caso Noós contra Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón, uno de los pocos casos -sino el único- que no iba dirigido contra líderes de izquierda. Y lo hizo porque se convirtió en la única acusación popular que pidió sentar a la infanta en el banquillo y ocho años de cárcel por delito fiscal contra ella y otros tantos contra su marido.
Sea como fuere, a Bernad empezó a irle bien porque se convirtió en un tertuliano habitual en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, donde lo presentaban como experto judicial. Pero la fama no le duró mucho tiempo, sino aproximadamente un par de años.
El exsecretario general del Frente Nacional fue detenido en abril de 2016 a raíz de una causa abierta en la Audiencia Nacional y permaneció en prisión provisional hasta finales de ese año. A partir de entonces, su actividad prácticamente se diluyó. Por si fuera poco, en febrero de 2017, la Audiencia Provincial de Baleares absolvió a Cristina de Borbón y condenó a Manos Limpias a pagar las costas de la infanta.
Pero es que en 2007, el Supremo ya ordenó investigar al colectivo por un delito de denuncia falsa, después de que intentase impulsar un procedimiento contra el juez Juan del Olmo, instructor del caso 11-M, y la fiscal Olga Sánchez, a los que acusó de hacer desaparecer pruebas del ataque terrorista perpetrado el 11 de marzo de 2004 en Madrid. El tribunal subrayó que la actuación de la organización, que daba pábulo a las teorías de la conspiración sobre el atentado yihadista, sobrepasaba “los límites del prudente ejercicio de las acciones penales” y entrañaba “un manifiesto abuso de derecho y fraude procesal”. Bernad también situó el punto de mira en el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo.
Toda una retahíla de querellas rechazadas
Como el Ave Fénix, Bernad quería resurgir de sus cenizas y de los sucesivos golpes que condenaron a su pseudosindicato al ostracismo. Empezó a moverse, primero, presentando un recurso contra la condena dictada contra él por la Audiencia Nacional. Después, fijando su objetivo contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y varios líderes de izquierda. El historial es igual de largo que sus fracasos.
La primera víctima fue Podemos y, en especial, sus dirigentes por aquel entonces: Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero. Les acusó de pertenecer a una organización criminal, desobediencia civil, asociación ilícita, cohecho y de estar financiados por el régimen iraní y el Gobierno de Venezuela. La única supuesta prueba que aportó fue el llamado Informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un documento donde se afirmaba que Irán había financiado a Podemos y que tenía como base solo recortes de supuestas noticias (como en su querella contra Begoña Gómez). Después se supo que el informe había sido fabricado por la llamada policía patriótica. El Supremo archivó de plano el caso.
En esa última resolución, el alto tribunal insistía en que “la mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar sin más, la apertura de un procedimiento penal para la investigación de los hechos descritos si la denuncia o querella que los incorpora no aporta algún indicio accesible y racional de su comisión”.
Manos Limpias también se presentó como acusación en el caso 8-M, impulsado en 2020 contra el delegado del Gobierno de Madrid por haber permitido la marcha feminista del 8 de marzo en la época de expansión del coronavirus. Esta causa también acabó archivada.
En enero del año pasado, el Supremo también dio carpetazo a una de las denuncias del pseudosindicato. En este caso, la organización se querelló contra la entonces ministra de Igualdad Irene Montero por sus críticas a los jueces por la aplicación de la ley del solo sí es sí.
En diciembre de 2023, la Fiscalía archivó otra contra el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, a quienes acusaba de amenazar a los jueces por el mero hecho de mencionar la palabra lawfare [guerra jurídica] y abrir la puerta a constituir una comisión de investigación parlamentarias para detectarla.
Y hace tan solo un mes, el Supremo rechazó una querella de Manos Limpias contra Pedro Sánchez por el acuerdo de investidura firmado el 9 de noviembre entre el PSOE y Junts, y la posterior tramitación de la ley de amnistía. El alto tribunal le reprochó a Bernad que no había ningún indicio de delito y que apoyaba sus acusaciones en expresiones “genéricas”.
La denuncia contra Begoña Gómez sigue la misma estrategia
La denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez sigue el mismo modus operandi que en multitudes ocasiones han rechazado los jueces. En este caso, la denuncia se compone de siete páginas en los que incluye ocho recortes de prensa. Al menos, uno de ellos ya se ha confirmado que era falso y los medios que si hicieron eco de aquella noticia tuvieron que rectificar.
Por eso el juez, que no ha dado trasladado de la denuncia ni a la mujer del presidente del Gobierno ni a la Fiscalía, quiere escuchar como testigos a los directores de los medios que las publicaron y que pueden acogerse a su secreto profesional. Pero lo que sí que ha hecho el juez ha sido abrir diligencias de investigación con ese documento, cosa que el Tribunal Supremo ya ha rechazado en otras ocasiones que ha recibido querellas de Manos Limpias con recortes de prensa.
Otros ejemplos de fracaso
Manos Limpias se personó como acusación popular en la causa de los ERE falsos de Andalucía, una trama que se destapó en abril del 2009 cuando una denuncia de los populares de Sevilla sacó a la luz la inclusión de prejubilados falsos en ERE aprobados por la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010. En 2018, las defensas solicitaban la expulsión de Manos Limpias como acusación popular en el juicio por «falta de legitimación».
En 2005, Manos Limpias denunció ante la Fiscalía de Menores a ‘Los Lunnis’, una serie infantil de Televisión Española por mostrar una boda gay, que finalmente se archivó. De igual manera, se archivó la queja que presentaron ante el Defensor del Pueblo contra la ley que permitía el matrimonio homosexual, aprobada en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
También trataron de ir contra la Guardia Civil por permitir que los agentes homosexuales vivieran juntos en las casas cuartel y contra la Junta de Extremadura por una campaña de salud sexual que, según ellos, incitaba a la masturbación.
