En campaña, Trump prometió deportaciones masivas de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, y dijo en el mitin MAGA que sería uno de los focos de su Administración. Tras la victoria, Trump inició su plan de acción.
Aunque parece que el concepto de deportaciones masivas entra en conflicto con la misma identidad histórica de EEUU como una nación de inmigrantes, desde el mismo día de su toma de posesión Trump comenzó la forma de órdenes ejecutivas para implementar una restrictiva política migratoria planteada por Stephen Miller y Thomas Homan.
“La invasión de nuestras fronteras se detendrá. Y todos los intrusos fronterizos ilegales, de una forma u otra, estarán de vuelta a casa”, dijo. Pero algunos expertos dicen que deportar a millones de migrantes indocumentados enfrentaría importantes obstáculos logísticos y desafíos legales y los costos podrían ascender a cientos de miles de millones de dólares.
Trump cancela las citas para pedir asilo
Mientras que el nuevo presidente de EEUU, Donald Trump, juraba el cargo en Washington DC, en la frontera sur del país, los migrantes recibían una dura noticia: la eliminación del sistema de citas con autoridades migratorias por el decreto de un “estado de emergencia en la frontera”. Se trata del regreso de las políticas de persecución a las personas migrantes y hasta un intento de cambiar una de las enmiendas constitucionales, que son parte del paquete de medidas políticas que Trump ha oficializado en su primera semana de regreso en la Oficina Oval.
Apenas minutos de asumir como presidente, Trump ordenó el cierre de la aplicación CBP One: un programa implementado en 2023 por la administración Biden que le permitía a miles de migrantes programas de citas con las autoridades migratorias en la frontera y solicitar asilo en el país, lo que amparó el ingreso de más de 900.000 personas desde su implementación. Funcionarios del equipo gubernamental de Biden, citado por el diario estadounidense The New York Times, señalan que la decisión del republicano dejó sin cita a más de 300.00 que se encontraban en territorio mexicano esperando poder agendar una cita.
Eliminación del derecho de nacionalidad por nacimiento
Miles de bebés nacidos en Estados Unidos de madres extranjeras han obtenido el derecho a la ciudadanía por nacimiento, una práctica garantizada por la 14.ª Enmienda de la Constitución que el presidente Donald Trump busca eliminar.
A partir de un decreto, firmado el primer día de su mandato, Trump quiere acabar con este derecho constitucional que lleva casi 160 años otorgando la nacionalidad a quienes nacen en territorio estadounidense.
Estos intentos han llegado a la Corte Suprema, y ha generado un clima de incertidumbre para cientos de familias inmigrantes que tendrán o buscan tener hijos en el futuro próximo.
Si sus planes superan los obstáculos legales, el decreto no revocaría la ciudadanía de los niños que nacieron en el país antes de su entrada en vigor.
Sin embargo, estos niños, al carecer de estatus legal, serían deportables, y muchos serían apátridas, de acuerdo con la demanda presentada por los estados.
El argumento de Trump para poner fin a la ciudadanía por nacimiento se basa en la cláusula “sujeto a la jurisdicción” incluida en la declaración de la Constitución. El gobierno sostiene que los niños nacidos de inmigrantes indocumentados o de extranjeros que estén en Estados Unidos, pero con visas temporales, no están “sujetos a la jurisdicción del país”, y por lo tanto, no son ciudadanos.
Sin embargo, el caso contra el decreto de Trump ha llegado finalmente a la Corte Suprema, que en un fallo histórico de 1898 determinó que las personas nacidas en territorio estadounidense son ciudadanas, incluso si sus padres no lo son.
A través de una serie de apelaciones de emergencia, el gobierno de Trump busca anular la suspensión temporal de su controvertido decreto en varios tribunales inferiores al argumentar que están excediendo ampliamente su autoridad para bloquear la agenda de la Casa Blanca.
Programa “Quédate en México”
Se calcula que un tercio de los 45 millones de extranjeros viviendo en EE UU, son mexicanos. De ellos, un estimado de 4 millones están allí sin estatus migratorio; de un total de 11 millones de indocumentados.
Durante su primer mandato, Trump introdujo un protocolo conocido como “Quédate en México”. Biden tropezó con la oposición de varios estados gobernados por republicanos en su intento de eliminar esta política, pero al cabo de una batalla judicial en la Corte Suprema se lo autorizó.
Programa “Quédate en México”
Bajo el programa, las personas que llegaban a la frontera sur de Estados Unidos y solicitaban asilo recibían avisos para comparecer en una corte de inmigración y eran enviadas a México. Se les decía cuando debían regresar a un puerto de entrada para su próxima vista judicial. Según la ONG Immigration Council, el programa “no proporcionó el debido proceso a los migrantes”. Según sus datos, solo el 7,5%, o incluso menos, de las personas sujetas al programa lograron contratar un abogado. Para diciembre de 2020, de los 42.012 casos de “Quédate en México” completados sólo 521 personas ganaron en las cortes migratorias.
Bajo el programa, las personas que llegaban a la frontera sur de Estados Unidos y solicitaban asilo recibían avisos para comparecer en una corte de inmigración y eran enviadas a México. Se les decía cuándo debían regresar a un puerto de entrada para su próxima vista judicial. Según la ONG Immigration Council, el programa “no proporcionó el debido proceso a los migrantes”. Según sus datos, solo el 7,5%, o incluso menos, de las personas sujetas al programa lograron contratar un abogado. Para diciembre de 2020, de los 42.012 casos de “Quedate en Mexico” completados sólo 521 personas ganaron en las cortes migratorias.
Trump, además de resucitar el programa, decidió declarar una emergencia nacional en la frontera con México y seguir construyendo el muro fronterizo. También decidió aplicar “caso por caso” el programa “parole humanitario” que otorga permisos temporales a inmigrantes para permanecer en Estados Unidos.
El expresidente demócrata Biden lo usó para permitir la entrada de cientos de miles de nacionales de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela por un período de dos años si tenían un patrocinador en el país y pasaban una verificación de seguridad.
Washington aceptó cada mes a hasta 30.000 personas de estos países bajo estas condiciones.
Inician las deportaciones
Hasta el 3 de marzo de 2025, Estados Unidos ha deportado a 15.611 ciudadanos mexicanos. Esto equivale a un promedio de 570 deportaciones diarias.
Ya son varios países de América Latina que han recibido estos vuelos. Sin embargo, las reacciones en la región han variado desde la reticencia, la crítica, la apertura o la colaboración con acuerdos binacionales.
Por un lado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se negó a recibir dos aviones militares con colombianos deportados desde Estados Unidos, la idea de una escalada en una guerra comercial entre ambos países hizo que se revirtiera esta decisión.
Además del aumento inicial de 25% de los aranceles sobre “todos los bienes” colombianos que ingresan a Estados Unidos, Trump había dicho que en una semana esa tasa aumentaría hasta 50%. En respuesta a estas medidas, Petro anunció en su cuenta de X un aumento similar en los aranceles a los productos importados a Colombia desde Estados Unidos. El argumento de Petro para negarse a esta repatriación eran las condiciones, y en concreto, que el regreso se hiciera en acciones civiles y no militares.
“Los Estados Unidos no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos”, escribió Petro en su cuenta de X.
Sin embargo, tras superar el impasse, la Casa Blanca expresó en un comunicado que Colombia acordó “la aceptación sin restricciones de todos los inmigrantes ilegales de Colombia retornados desde Estados Unidos, incluidos los que lleguen en aviones militares, sin limitaciones ni dilación”.
México ya ha recibido a más de 10.000 migrantes deportados, en su mayoría mexicanos. Sheinbaum dijo que ya han recibido varios aviones con deportados, pero que esto no supone un aumento significativo a otras ocasiones. “Del 20 al 26 de enero se han recibido 4,094 personas, la gran mayoría de ellas mexicanas (…). Hasta ahora no ha habido un incremento sustantivo” en las expulsiones, dijo la mandataria en su conferencia de prensa matutina.
“Este es un trabajo que tenemos en diálogo con el gobierno de Estados Unidos y es algo que en México tiene ya muchos años que se hace. Lo que pedimos nosotros es respeto a los derechos humanos”, enfatizó.
Trump promete deportar un millón de personas al año
Deportaciones en contra de una orden de la Corte Suprema
Más de 250 presuntos criminales han sido expulsados desde Estados Unidos al Centro de Reclusión para Terroristas de El Salvador. Entre ellos se ha incluido a 238 presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua.
Los presos han sido trasladados a una prisión de máxima seguridad de El Salvador, sin pruebas que demuestren su culpabilidad. Esto se realizó tras ignorar el bloqueo judicial a la ley bajo la que el Ejecutivo se ampara.
El presidente estadounidense, Donald Trump, utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar rápidamente a supuestos miembros de esta organización criminal. Esta ley, que solo se ha utilizado tres veces en la historia estadounidense, fue paralizada por el juez federal James E. Boasberg minutos antes de la deportación masiva.
El juez argumenta que la centenaria legislación hace referencia a actos hostiles perpetrados por otro país que sean “equivalentes a una guerra”, algo lógico si se tiene en cuenta el contexto histórico de finales del siglo XVIII en Estados Unidos, cuando se redactó esta ley. El magistrado anuló cinco deportaciones iniciales en un primer fallo, para a continuación extender el primer veto a cualquier futura deportación similar.
Las expulsiones de supuestos miembros del Tren de Aragua podrían haber ocurrido entre ambos dictámenes. Pero el juez es claro en la segunda parte de su fallo: “Si hay algún avión en vuelo con detenidos a bordo, debe dar media vuelta hacia Estados Unidos y cumplir inmediatamente con esta orden“, reza el texto recogido por ‘Político’. Trump, por lo tanto, habría ignorado esta segunda orden judicial.
Aunque el Gobierno de Trump alega que los expulsados ya habían partido de Estados Unidos cuando el juez emitió la orden que lo prohibía y que el magistrado carece de jurisdicción una vez que los aviones han salido del espacio aéreo estadounidense.
Estos argumentos no convencieron al juez Boasberg, quien pidió al Gobierno una respuesta este martes. Como no la obtuvo, alargó el plazo hasta el miércoles 19 de marzo de 2025 para que contesten a sus preguntas. No es la primera vez que Donald Trump ataca al poder judicial por llevarle la contraria, pero ahora da un paso más pidiendo directamente la destitución de un juez.
Igualmente, Trump ha pedido el 20 de marzo que la Corte Suprema intervenga contra cualquier juez que bloquee su agenda.
