El juez Juan Carlos Peinado. Imagen extraída de ElPlural.com
La Fiscalía Anticorrupción fue advertida de las irregularidades de la vivienda del juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, en plena construcción del inmueble, aunque finalmente el documento cayó en saco roto, según informa ElPlural. El chalet del juez obtuvo la licencia de obra mientras se encontraba vigente un plan urbanístico que obedecía a las normas subsidiarias de 1996, las cuales consideraban el terreno sobre el que se levantaba el edificio como “urbanizable”. Sin embargo, la nomenclatura que se necesitaba para que la casa pudiera construirse en ese enclave es “urbano”.
Dicho cambio se produjo en un pleno celebrado en 2016 con los votos favorables del PP y del concejal socialista Juan José Tomás Esteban, quien, por otro lado, ejerce como portavoz del partido a nivel local.
Pero los hechos relatados se producen mucho antes -en plena construcción del chalet- cuando un exalcalde socialista lideró, junto a un grupo de afiliados al partido, la formalización de la denuncia elevada a Anticorrupción. Un documento que no surtió efecto a pesar del carácter ilegal de la construcción.
De terrero “urbanizable” a “urbano”
Tal y como se ha señalado, para que el chalet de lujo se pudiera levantar sobre el terreno en el que se encuentra en la actualidad, el suelo tenía que ser urbano, un hecho que se convirtió en realidad después de aquel pleno de 2016 y con el beneplácito asimismo de Juan José Tomás Esteban. Además de aquella votación, en la actualidad ha facilitado la alcaldía a los ‘populares’ a pesar de que la formación local y progresista Nuestra Tierra había recabado más votos en los comicios.
Él, en declaraciones al medio citado, defiende que la votación para la aprobación de las normas subsidiarias fue un «mero trámite» y que la situación irregular de la vivienda es responsabilidad del anterior equipo de gobierno.
Polémica desde 2007
El chalet del juez Peinado ha generado controversia históricamente en el pueblo, siendo fruto de debate social y político desde antes de 2007. De hecho, la construcción de la vivienda se paralizó durante no pocos meses y hace tiempo que aparecieron en la valla de su fachada pintadas de “prevaricador” y “chaletazo ilegal”. La vivienda se construyó en el año 2000 y se registró como almacén, nomenclatura que se mantiene en Catastro a día de hoy a pesar de acoger una vivienda edificada sobre una parcela de cerca de 3.000 metros cuadrados, según refleja el registro de la propiedad.
