Imagen: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz I Europa Press
El juez instructor del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha dado un paso importante en la investigación sobre la filtración de información confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso, tras la denuncia de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pudo estar implicado en este caso. En una reciente diligencia, Hurtado ordenó registrar el teléfono móvil de García Ortiz, pero la Guardia Civil no encontró «ningún mensaje» en los días en que ocurrió la filtración. Sin embargo, el instructor ha tomado nuevas medidas para intentar recuperar los mensajes eliminados, que, según la Fiscalía, fueron borrados como parte de un protocolo de seguridad.
El juez busca recuperar los mensajes borrados
A pesar de la falta de evidencia en el teléfono de García Ortiz, el juez Ángel Hurtado está enfocando su investigación en los dispositivos electrónicos del fiscal general para obtener más información. Para ello, ha solicitado a la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) que le proporcione los números de teléfono y los códigos IMSI/IMEI asociados a la tarjeta SIM de García Ortiz. Esta información podría ser crucial para que el magistrado requiera a la compañía telefónica los mensajes borrados, según fuentes jurídicas consultadas.
La investigación se centra en las filtraciones periodísticas
Las filtraciones que se investigan en este caso están relacionadas con informaciones publicadas por medios de comunicación, cuyos periodistas están protegidos por el secreto profesional. Dado este contexto, la principal vía para esclarecer si García Ortiz filtró la información es la intervención de sus dispositivos electrónicos. El juez ya ha tomado medidas previas, como el registro de los despachos del fiscal general y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ambos imputados en el caso.
El papel de García Ortiz en la filtración
El análisis de los teléfonos de Rodríguez permitió a la UCO concluir que García Ortiz jugó un papel destacado en la filtración de la información. En particular, los mensajes encontrados en el móvil de la fiscal de Madrid mostraron que el fiscal general solicitó los correos intercambiados entre el abogado de Ayuso, Alberto González Amador, y el fiscal Julián Salto. Estos correos trataban sobre un pacto de conformidad que buscaba eximir al abogado de una posible condena por fraude fiscal.
