Imagen: Tribunal Supremo-Europa Press
El Tribunal Supremo ha rechazado una querella que interpuso la organización Hazte Oír contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la entrada en España y posterior huida del expresident catalán Carles Puigdemont el verano pasado. La querella también se dirigía contra el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa; responsables policiales en el momento de los hechos, como el director adjunto operativo de la Policía, el director de la Guardia Civil y el de los Mossos; o la directora del CNI, entre otros.
En un auto dictado el pasado mes de octubre, el Supremo inadmite la querella presentada por esta organización y por un particular, alegando que denunciar a alguien sólo por su cargo sin “referir alguna vinculación con los hechos” lleva al archivo. Únicamente se describen las responsabilidades inherentes a los diversos cargos enumerados, pero no se concreta conducta alguna por parte de los mismos”, señala el auto al que ha tenido acceso elDiario.es.
Según el Supremo, los querellantes «nada indican de cómo ordenaron o de qué modo se valieron para que los integrantes de los diversos cuerpos policiales fracasaren» en la detención de Puigdemont el pasado 8 de agosto, cuando reapareció el día de la investidura de Illa, en la que estaba previsto que acudiera al Parlament, pero que se limitó a dar un breve discurso y huir del país sin ser arrestado.
Para rechazar la querella, en la que pedían investigar si los querellados incurrieron en omisión del deber de perseguir delitos, el tribunal recuerda su jurisprudencia: «no puede fijarse la competencia del Supremo más que cuando se comprueba que existen indicios fundados de responsabilidad frente a un aforado«.
Hazte Oír acusaba a Marlaska de no usar «todos los mecanismos necesarios» para detener a Puigdemont
En su denuncia, Hazte Oír apuntaba contra Fernando Grande-Marlaska por los delitos de prevaricación, encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos por una autoridad o funcionario, denegación del cumplimiento de resoluciones judiciales, denegación de auxilio a la Administración de Justicia y usurpación de atribuciones judiciales.
Para la asociación, el regreso y posterior desaparición de Puigdemont “sugiere una omisión deliberada” por parte del ministro del Interior, a quien acusaba de no usar “todos los mecanismos necesarios” para detener a Puigdemont. “La falta de intervención de Marlaska no solo incumple sus responsabilidades, sino que también refuerza la percepción de impunidad alrededor de Puigdemont, debilitando la autoridad del sistema judicial, afectando la confianza en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y poniendo en duda la imparcialidad y la eficacia del propio Ministerio”, esgrimía el escrito.
