Foto: Eduardo Manzana
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, la representación legal de la entonces menor de edad que fue víctima de abusos sexuales por parte del exmarido de Mónica Oltra, reclama una condena de 3,5 años de prisión y 12 de inhabilitación para la ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Oltra no es la única, ya que la acusación reclama el procesamiento de otras 9 personas, entre ellas, varios responsables de la Conselleria de Igualdad que ella dirigía.
A Oltra le atribuye esta acusación particular los delitos de prevaricación, por el que reclama 12 años de inhabilitación, otro de malversación, por el que pide 1,5 años de prisión, y un delito contra la integridad moral que pide se sancione con 2 años de prisión.
España 2000 y Vox son los representantes de la víctima
La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ordenó el pasado mes de junio la reapertura de la causa contra la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra y otras 15 personas por la gestión del caso de los abusos sexuales sufridos por una menor tutelada por la Generalitat y cometidos por el exmarido de Oltra.
La víctima de los abusos está actualmente representada por un histórico dirigente de la asociación de derecha radical España 2000, si bien en la causa hay otras dos acusaciones populares que ejercen la asociación Gobierna-Te de Cristina Seguí (exdirigente de Vox) y Vox.
La Fiscalía Provincial no vio indicios de delito en esta causa y apoyó la propuesta de archivo del juez instructor.
El escrito de la defensa de la menor
La defensa de esta menor expone en su escrito de acusación que los funcionarios responsables de su tutela “escudándose en que la niña no quería denunciar y en su carácter rebelde y embustero, concluyeron que no procedía derivarla” al organismo externo encargado de evaluar posibles casos de abusos.
“Al parecer, ninguno de los acusados le dio importancia al hecho de que con catorce años la decisión de denunciar es de los padres o tutores, no de los niños, que carecen de capacidad de obrar; tampoco a que, precisamente por ser una niña conflictiva, era víctima propiciatoria para un abusador. Estaban más preocupados por mantener la discreción sobre la identidad del abusador que por proteger a la niña tutelada”, expone el referido escrito.
“Ni lo denunciaron al grupo de menores de la Policía Nacional, ni a la Fiscalía, ni se preocuparon de la protección de la menor, a la que se le colocó en riesgo por volver a estar en contacto con el abusador, ya que éste fue reincorporado al puesto”, añade.
El asunto de los abusos se judicializó cuatro meses más tarde cuando la víctima contó lo ocurrido a unos agentes de Policía Nacional que se encontraban circunstancialmente en el centro de menores con motivo del traslado de otra niña.
