Numerosos son los procedimientos en los que la figura de la acusación popular sale a relucir. En esta ocasión, destaca por VOX y el procedimiento abierto contra Begoña Gómez por la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios.
El titular del Juzgado de Instrucción 41, Juan Carlos Peinado, permite a Vox ejercer la acusación popular en la causa que abrió a raíz de la denuncia que presentó Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, estará a cargo de la representación jurídica de la formación en este procedimiento en el que Manos Limpias ya figura también como acusación popular.
¿Que es la acusación popular?
En nuestro ordenamiento jurídico existen tres maneras de personarse como acusación en un proceso penal : acusación particular, Ministerio Fiscal y acusación popular. La acusación popular es una figura que tiene su sustento en el artículo 125 de la Constitución Española (CE) y da legitimidad a que cualquier ciudadano español se persone en un proceso penal, aunque no se haya visto afectado directamente por el delito en cuestión.
La acusación popular se erige como una garantía de la defensa de la legalidad. Es por tanto una vía que permite la participación popular en la justicia, ya que cualquier ciudadano puede personarse como acusación. Se enmarca de una manera más amplia dentro del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la CE.
La acusación popular puede ser ejercida tanto como personas físicas como jurídicas, aunque lo más común es que la encarnen colectivos, asociaciones o incluso partidos políticos. Sin embargo, la acusación popular no puede personarse en todos los procesos judiciales, sino sólo en los que enjuicien delitos perseguibles de oficio.
Requisitos de la acusación popular
Para presentarse como acusación popular hay que cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos destaca el no ser juez o magistrado, no tener una condena firme por injurias o calumnias e identificar al acusado y los hechos sobre los que se establece su acusación de manera clara.
Por lo tanto, no pueden ejercer la acusación popular:
- Quienes no gocen en plenitud de los derechos civiles. En estos casos deberían tener representantes legales que acusen en su nombre.
- Las personas que hayan recibido dos sentencias firmes por calumnias (querellas o denuncias falsas).
- Magistrados o Jueces.
- Ciudadanos extranjeros, cuya legitimidad queda limitada a acusación particular, es decir cuando es el perjudicado del hecho delictivo.
No cumplir con este último requisito puede llevar a la expulsión de ese actor del caso. La Audiencia Nacional ya se hizo eco de esta premisa cuando en junio de 2013 apartó al Partido Popular como acusación popular en la trama Gürtel al considerar que más que una acusación estaba actuando en defensa de los imputados.
