Imagen obtenida de: Tribunal de Justicia de la Unión Europea
En el fallo emitido de este jueves, el TJUE ha establecido que España debe legislar para prevenir el abuso de los contratos indefinidos no fijos, como los que tienen los interinos en ámbitos como la educación o la sanidad, y exhorta al Gobierno y las administraciones estatales y autonómicas a convertirlos en empleados fijos.
Esta sentencia tan esperada responde a una consulta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que solicitó al organismo comunitario que determinara si España estaba cumpliendo con el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada en relación con las medidas adoptadas para evitar el abuso de este tipo de contratos en el sector público, analizando el caso de tres empleados que llevaban trabajando para la Administración Pública desde la década de los 90 encadenando contratos temporales de forma sucesiva.
El TJUE señala que «no existen sucesivas relaciones laborales de duración determinada, a efectos del Acuerdo Marco, por la mera razón de que un trabajador esté vinculado a la Administración de que se trate mediante un único contrato indefinido no fijo, mientras que, por un lado, este último contrato, también de naturaleza temporal, sustituye, como sanción, a sucesivos contratos temporales y, por otro lado, la permanencia de este trabajador indefinido no fijo en la plaza en cuestión se debe al incumplimiento por parte del empleador de su obligación legal de convocar, en el plazo establecido, un proceso selectivo para la cobertura definitiva de dicha plaza, de modo que su relación laboral, en consecuencia, ha sido renovada tácitamente durante varios años, podría comprometer el objeto, la finalidad y la efectividad de dicho Acuerdo Marco».
El tribunal destaca que a través del encadenamiento de contratos para interinos el sector público se ha permitido «emplear a trabajadores de forma precaria durante años» y utilizar de forma «abusiva» ese método para «satisfacer necesidades permanentes y estables en materia de personal», una situación que a juicio del tribunal debería haberse solventado con empleados con contrato fijo.
Las soluciones de España no convencen
Otro de los puntos calientes de esta sentencia es la crítica a la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el sector público, con la que el Estado pretendía indemnizar a los interinos que perdieran su puesto de trabajo y hubiese casos de abuso de esta forma contractual. El TJUE indica que la mencionada ley no cumple con los estándares del Acuerdo Marco.
Finalmente, el TJUE pide que «A falta de medidas adecuadas en el Derecho nacional para prevenir y, en su caso, sancionar, con arreglo al Acuerdo Marco, los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos temporales, incluidos los contratos indefinidos no fijos prorrogados sucesivamente, la conversión de esos contratos temporales en contratos fijos puede constituir tal medida».
Esta sentencia, al ser plenamente vinculante, deberá ser acatada por España, lo que resultaría en una conversión de los aproximadamente 800.000 interinos y trabajadores con contrato temporal en trabajadores fijos.
