Hasta hace poco, España y Venezuela compartían un récord poco honroso: encabezaban el ránking mundial de morosidad con los inversores internacionales. Sin embargo, la intensa batalla que libran las empresas y fondos de energías renovables ha elevado a España al primer lugar de esta lista.
Este nuevo estatus de España surge de la actualización del Índice de Cumplimiento de Laudos Internacionales, elaborado por el jurista y académico holandés Nikos Lavranos. Dicho índice está siendo utilizado por las ‘víctimas’ de los impagos para presionar tanto al Gobierno español como a las autoridades europeas. Esta semana, Lavranos y representantes de las empresas afectadas estuvieron en Madrid para presentar nuevas cifras y, principalmente, para tender la mano al Ejecutivo en busca de una solución negociada. De hecho, ya ha habido contactos preliminares con el entorno de Moncloa y con la oposición.
Los grandes deudores
Aunque España lidera en número de incumplimientos, Rusia y Venezuela deben más dinero. Rusia encabeza la lista con 60.000 millones de dólares adeudados, seguida de Venezuela con 7.100 millones y España con 1.562 millones. A esta cifra, España debe sumar intereses de demora, condenas en costas y honorarios de abogados, que se estima añadirán unos 250 millones de euros más, elevando la deuda total a aproximadamente 1.900 millones de euros. Además de España y Venezuela, el Índice de Cumplimiento de Laudos Internacionales incluye a Rusia (con nueve condenas por impago al cierre de 2023) y Ucrania (con cuatro). Completan la lista Argentina (3), Kirguistán (3), India (2), Italia (2), Ecuador y, con un caso cada uno, Kazajistán, República Checa, Croacia, Polonia y Turquía.
La escalada de España en la lista de morosos se debe al continuo flujo de condenas por impagos a empresas de energías renovables, que llevan años luchando en tribunales de arbitraje debido a los cambios legislativos implementados durante el mandato de Mariano Rajoy. España acumula el 26% de los incumplimientos a nivel mundial, superando a Venezuela, que tiene un 25%. Rusia ocupa el tercer lugar con un 15%. En total, el Gobierno español enfrenta 50 denuncias de inversores internacionales, de las cuales 31 ya han sido resueltas en cortes de arbitraje. A finales de 2023, España y Venezuela sumaban 15 condenas cada uno; la cifra actualizada para España ha ascendido a 26. Algunas de estas condenas están pendientes de resolverse completamente, ya que han sido recurridas por los abogados del Estado, pero fuentes cercanas a los afectados anticipan nuevas victorias, basándose en precedentes similares. Estas condenas ampliarán aún más la brecha entre España y Venezuela.
La deuda pendiente de España ha crecido considerablemente a medida que se producían los fallos en los arbitrajes, duplicando prácticamente la existente a finales de 2022. «Al negarse a pagar los laudos, España socava el orden jurídico internacional y pone en entredicho la seguridad jurídica asociada al sistema legal de tratados internacionales que protege la inversión y el arbitraje», denuncian las empresas afectadas.
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