La financiación autonómica ha vuelto al centro del debate político y público en España. La controversia ha resurgido impulsada por Esquerra Republicana (ERC), que ha condicionado su apoyo a una hipotética investidura de Salvador Illa, ganador de las elecciones catalanas del 12 de mayo, a través de una «financiación singular» para Cataluña.
Esta medida, adelantada en marzo por el presidente en funciones, Pere Aragonès, ha vuelto a ser planteada en las negociaciones con los socialistas, quienes se han mostrado abiertos a considerarla, según ha indicado recientemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Enfoque económico diferente
Sin embargo, los socialistas han descartado un enfoque económico similar al de Navarra y el País Vasco. El Ejecutivo insiste en que «nunca se ha hablado de conciertos», aunque sí se abre a un acuerdo dentro de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Por otro lado, ERC considera insuficiente el plan del PSOE y exige la «soberanía fiscal». La portavoz del partido, Raquel Sans, subrayó la necesidad de que Cataluña salga del régimen común de financiación autonómica, al igual que País Vasco y Navarra. «Hablamos de soberanía fiscal, de tener la llave de la caja, de recaudar el 100% de los impuestos», declaró Sans, añadiendo que quieren «ser muy claros» para evitar «tentaciones de confundir».
Desacuerdo entre las autonomías
Este «privilegio», como lo han calificado diversas figuras públicas y expertos, no convence al resto de autonomías, que piden un sistema de financiación que distribuya los recursos de forma igualitaria. Exigen una renovación del modelo actual, establecido en 2009 y caducado desde 2014, ya que no se adapta a las necesidades y capacidades reales de las comunidades.
La financiación autonómica es el medio utilizado por el Estado para distribuir los ingresos tributarios entre todas las comunidades, exceptuando País Vasco y Navarra. Se compone de una hucha común alimentada por los impuestos pagados por los ciudadanos. El dinero procede de los impuestos estatales (50% del IRPF, 50% del IVA y 58% de los especiales) y los cedidos a las autonomías, como Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
Controversias del reparto
El reparto de estas cuantías es la cuestión que genera controversia. La distribución se calcula a través del Fondo de Garantía, que compensa a las comunidades con más dificultades para ofrecer servicios públicos de calidad. Para determinar las necesidades de cada territorio, se consideran variables como el número de habitantes mayores de 65 años, la población en edad escolar, la dispersión de los residentes y la superficie.
Existen otros fondos, el de Suficiencia y Convergencia, que corrigen desequilibrios territoriales. Su cálculo depende de variables internas y busca asegurar que las necesidades de financiación de cada comunidad se cubren independientemente de su capacidad recaudatoria.
Según un informe de la Federación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) de 2021, la diferencia entre las regiones mejor y peor financiadas fue de casi 730 euros por persona. Cantabria, la primera de la lista, registró una financiación efectiva por habitante de 3.417 euros, mientras que Murcia ocupó la posición más baja con 2.691 euros per cápita. De media, las autonomías recibieron 2.963 euros por habitante, cifra que queda por debajo de lo recibido por cuatro regiones, entre ellas Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
