Donald Trump no enfrentará consecuencias legales por sus acciones durante su mandato, incluso si la justicia considera que violaron la ley. Así lo dictaminó el 1 de julio la Corte Suprema de Estados Unidos, en un fallo esperado que retrasa uno de los juicios contra el expresidente, relacionado con la supuesta incitación a la insurrección por sus denuncias infundadas de fraude electoral en 2020.
Inmunidad absoluta en funciones
El fallo de la Corte Suprema, encabezada por el magistrado John Roberts, sostiene que la inmunidad de un presidente en ejercicio es «absoluta» cuando ejerce sus derechos, como el de la libre expresión o el uso del ministerio público para abrir investigaciones. Roberts explicó que «la naturaleza del poder presidencial requiere que un expresidente tenga alguna inmunidad frente a la persecución penal por actos oficiales durante su mandato». Subrayó que esta inmunidad debe ser total en relación con sus poderes constitucionales fundamentales.
Vías políticas para penalizar delitos
En el sistema presidencialista de EE.UU., un presidente puede actuar con amplio margen durante su mandato. Existen métodos para sancionar delitos, pero a través de la vía política, como el proceso de ‘impeachment’. Aunque este mecanismo se ha activado varias veces, nunca ha resultado en la destitución de un presidente.
La decisión de la Corte fue de seis votos a favor, todos de jueces conservadores, y tres en contra de la bancada progresista. Sonia Sotomayor, una de las juezas disidentes, criticó vehementemente la decisión, argumentando que permite al presidente abusar de su poder. «Temo por la democracia», afirmó Sotomayor.
Investigación y juicio pendientes
El caso, que involucra al fiscal especial Jack Smith, vuelve ahora a un tribunal de Washington D.C., que decidirá si los actos de Trump relacionados con la insurrección fueron parte de su ejercicio presidencial. El expresidente enfrenta 81 cargos penales desde que dejó el cargo, incluyendo pagos ilícitos a una actriz porno y la sustracción de documentos clasificados de la Casa Blanca.
Sin embargo, el fallo del Supremo podría retrasar el caso de la insurrección hasta después de las elecciones. Este ha estado paralizado seis meses mientras se resolvían las apelaciones de Trump. Ahora, la juez Tanya Chutkan debe decidir los próximos pasos.
Por otro lado, Trump también enfrenta juicios por intentar revertir los resultados electorales en Georgia y por los documentos clasificados hallados en su residencia de Mar-a-Lago. Las fechas de juicio en estos casos aún no se han fijado debido a complicaciones legales.
