El caso se originó a finales de 2016 y principios de 2017, cuando Luis R., entonces marido de Mónica Oltra y educador en un centro público de acogida, abusó de una menor de 14 años bajo su tutela.
Según la sentencia, la menor, castigada frecuentemente a dormir en una habitación separada por mal comportamiento, fue abusada por Luis R. durante el turno de noche en varias ocasiones. La menor confió en Luis R. y le pidió masajes, durante los cuales él abusó de ella.
La menor informó a una trabajadora del centro en febrero de 2017, pero solo se realizó un informe interno. Meses después, en junio de 2017, la menor denunció ante la Policía Autonómica, y la Fiscalía de Menores abrió una investigación. Luis R. fue condenado en diciembre de 2019 a cinco años de prisión por abuso de una menor. En junio de 2020, el TSJCV anuló la condena y ordenó repetir el juicio para considerar dos informes que cuestionaban la credibilidad de la menor.
En el segundo juicio, en marzo de 2021, la sentencia fue similar, añadiendo la agravante de prevalimiento. La Audiencia consideró que las nuevas pruebas exculpatorias no eran suficientes para cambiar el veredicto. En septiembre de 2021, el TSJCV confirmó la sentencia, aunque está recurrida ante el Tribunal Supremo.
La menor, representada por José Luis Roberto y con Vox como acusación popular, inició un proceso judicial contra la Conselleria por supuesta omisión del deber de custodia y protección. La denuncia, que llegó al Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, resultó en la toma de declaraciones a 13 funcionarios y profesionales responsables de la protección de la menor.
Las declaraciones revelaron que la directora del centro y la psicóloga no dieron credibilidad a la menor y no informaron a la Fiscalía. La funcionaria responsable de la investigación interna negó haber recibido presión, a pesar de conocer la relación del abusador con Oltra. El juez del caso pidió al TSJCV que se hiciera cargo de la investigación, considerando que había «indicios racionales, serios y fundados» de la participación de Oltra en desacreditar el testimonio de la menor.
La Fiscalía Provincial y la Superior apoyaron la petición del juez para investigar a Oltra en el alto tribunal valenciano. Esta situación llevó a que, en 2022, Mónica Oltra fuera imputada y posteriormente decidiera dimitir de su cargo como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. En abril de 2023, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia dictaminó inicialmente el sobreseimiento provisional del caso, argumentando la falta de pruebas suficientes para continuar con el proceso.
No obstante, en junio de 2023, la sección cuarta de la Audiencia de Valencia ordenó la reapertura del caso, aceptando parcialmente los recursos presentados por la acusación particular y las acusaciones populares. Esta decisión se basó en la consideración de que no se podía descartar claramente la existencia de una infracción penal y que existían indicios suficientes para encausar tanto a Oltra como a otras 15 personas involucradas.
