El Gobierno ha logrado aliviar temporalmente la crisis migratoria en Canarias gracias a que las autonomías gobernadas por el PP aceptaron el reparto de 347 menores migrantes. Sin embargo, la reforma de la Ley de Extranjería enfrenta serios obstáculos debido a la debilidad parlamentaria del Gobierno y la falta de apoyo de sus socios políticos.
Desafíos parlamentarios
Moncloa enfrenta dificultades para reformar la Ley de Extranjería, con el partido Junts anunciando su voto en contra y el PP mostrando críticas por la falta de financiación asegurada por ley. Aunque los populares no han definido su posición final, su apoyo parece lejano.
Conferencia sectorial de infancia y adolescencia
La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada en Tenerife, abordó tanto el reparto de menores como la reforma legislativa. Presidida por el presidente canario Fernando Clavijo, contó con la presencia de los ministros Sira Rego y Ángel Víctor Torres, reuniendo a representantes de solo ocho de las 19 autonomías.
Posición del PP ante la crisis
El PP ha optado por una postura de «sentido de Estado» aceptando voluntariamente a los menores migrantes, a pesar de las amenazas de Vox de romper los gobiernos autonómicos. Los populares subrayan que ya gestionan el 80% de los menores no acompañados en España, una cifra que representa a 5.000 jóvenes, y reclaman al Gobierno que tome más medidas.
Propuesta de reforma de la Ley de Extranjería
El Gobierno ha negociado con Coalición Canaria una propuesta de ley para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. La reforma permitiría al Estado distribuir a los menores no acompañados por toda España sin referencia explícita a la financiación, algo que el PP critica por la falta de un fondo de contingencia, ya que cada menor supone unos 200 euros diarios a las comunidades.
Debate sobre la financiación
El borrador de la reforma regula el umbral de sobreocupación en Canarias, Ceuta y Melilla y establece que el Gobierno decidirá la redistribución de menores cuando se declare una «contingencia migratoria extraordinaria». Esta propuesta ha sido criticada por consejeros del PP, como Ana Dávila de la Comunidad de Madrid, quien la considera una imposición gubernamental potencialmente inconstitucional.
Rechazo de Junts y críticas de ERC
Junts ha anunciado su rechazo a la reforma si Cataluña no queda excluida, con Míriam Nogueras advirtiendo que la ley tensionará aún más a Cataluña. Por otro lado, Carles Campuzano de ERC mostró una postura más comedida, pero indicó que el Govern no puede apoyar la ley en sus términos actuales.
