El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias David Zorrakino / Europa Press
El rastreo masivo que hizo la denominada ‘policía patriótica’ durante el mandato del Partido Popular en 2015 afectó al menos a 55 parlamentarios recién llegados de Podemos como Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Ione Belarra o Irene Montero, así como a cabezas de lista de otros partidos como Compromís, cuyo líder, Joan Baldoví, también fue investigado. Así lo constatan varios medios como elDiario.es o El País, quienes afirman que en esos ficheros aparecen centenares de consultas a bases de datos restringidas que agentes del Cuerpo Nacional de Policía -y unos pocos de la Guardia Civil- realizaron sobre miembros de la formación de izquierdas.
Estas consultas se realizaron sin ninguna autorización judicial e incluían bases de datos policiales como ARGOS o SIDENPOL, un fichero policial con datos personales de cualquier ciudadano, aunque no tenga antecedentes policiales ni haya sido investigado nunca.
La operación policial, ahora documentada, se enmarca dentro del interés del por entonces número dos de Interior, Francisco Martínez, en sus conversaciones de enero de 2016 con el comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño, en buscar datos que dañaran la reputación de los recién elegidos diputados de Podemos. Así se deduce de los mensajes de WhatsApp intercambiados entre el político y el mando policial que fueron extraídos del teléfono móvil requisado a Martínez durante la investigación del caso Kitchen.
El listado de diputados sobre los que se realizaron consultas, indica que, al menos, 55 diputados electos en las elecciones generales de diciembre de 2015 y de 2016 y que pertenecían a Podemos, En Comú Podem, En Marea y Compromís -o a la coalición que formaron- fueron objeto de búsqueda en esas bases de la Policía Nacional.
Pablo Iglesias fue el político al que más investigaron
Según el informe remitido al juez Pedraz, fueron 122 las veces en lasque desde diversos servicios policiales, incluida la Dirección Adjunta Operativa, la cúpula de la Policía Nacional, se buscó información sobre Pablo Iglesias en las diversas bases policiales. En el caso de Irene Montero fueron 29 las consultas realizadas y 17 en el caso de Victoria Rosell.
También aparecen nombres como el del portavoz de Sumar en el Congreso y fundador de Podemos, Iñigo Errejón, el que fuera diputado por Compromís Joan Baldoví, la exdiputada Carolina Bescansa o el actual ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
El juez Pedraz admitió el pasado mes de febrero parcialmente la querella que interpuso Podemos contra altos cargos del Ministerio del Interior y de la Policía durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy por las investigaciones irregulares y el uso de las cloacas del Estado contra el partido morado.
Reacciones de los investigados
El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, uno de los principales investigados por la denominada policía patriótica, ha pedido la prisión a todos los mandos policiales y jefes políticos responsables de que el espionaje se llevara a cabo. “Después de que el PSOE haya legitimado a la derecha judicial repartiéndose el CGPJ con el PP ¿Alguien cree que no habrá impunidad? Espero equivocarme”, ha publicado en X.
En la misma red social, Ione Belarra también ha acusado al PSOE de legitimar la “guerra sucia política y judicial” del PP al pactar con el partido de Alberto Núñez Feijóo la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La diputada de Podemos ha destacado que Irene Montero, ahora eurodiputada, fue espiada “por 18 usuarios de la policía en 28 búsquedas entre 2015 y 2016”.
El ex secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, también ha mostrado su rechazo al espionaje ilegal por parte de la Policía Nacional a más de medio centenar de diputados de Podemos. “¿En Rusia? ¿En Irán? No, en España”, ha escrito el también ex eurodiputado en X.
Entre los diputados espiados también se encuentra el dirigente y diputado de Compromís Joan Baldoví. “En 15 ocasiones entraron a la base de la policía buscando mi nombre”, ha dicho el candidato a la Generalitat Valenciana en las autonómicas del año pasado. Baldoví ha recalcado que el espionaje es una práctica “prohibida”, “ilegal” y “profundamente antidemocrática”.
“Es delito ser de izquierdas? ¿Es delito ser de Compromís? ¿Por qué los partidos o ciudadanos de izquierdas no tenemos los mismos derechos que los de derechas?”, ha expresado Baldoví a través de un texto publicado en X. El diputado progresista ha calificado al Ejecutivo de Mariano Rajoy como el “gobierno de la vergüenza”, un gobierno “que usaba la policía para atacar a partidos democráticos o encubrir su corrupción”. Baldoví cierra su comunicado con un mensaje “a los que me espiaron”: “Nos vemos en los tribunales”.