El Parlamento de Finlandia ha dado el visto bueno este viernes a una controvertida ley que permite a los guardias fronterizos rechazar a los solicitantes de asilo procedentes de Rusia sin necesidad de evaluar previamente sus peticiones, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Esta legislación, que estará en vigor durante un año, fue aprobada con 167 votos a favor y 31 en contra. Además, el Gobierno tiene la potestad de limitar las solicitudes de protección internacional a periodos específicos y a partes concretas de la frontera. Solo los solicitantes más vulnerables, como niños y personas con discapacidad, podrán pedir protección en esos momentos, y su elegibilidad será determinada por los guardias fronterizos sin posibilidad de apelación.
El objetivo del nuevo paquete legislativo es, según las autoridades, contrarrestar «los ataques híbridos rusos», y podrá ser activado durante un mes en áreas específicas del país si se considera que la soberanía y seguridad de Finlandia están en riesgo.
Desde el otoño pasado, el primer ministro conservador Petteri Orpo, que encabeza una coalición con el Partido Finlandés, el Partido Popular Sueco y los democristianos, ha estado impulsando la creación de nuevas herramientas legales tras la llegada de casi 1.000 inmigrantes sin visado a lo largo de los 1.340 kilómetros de frontera que Finlandia comparte con Rusia. Este flujo masivo obligó a Helsinki a cerrar la frontera indefinidamente a finales de 2023.
El Gobierno de Orpo acusó a Moscú de orquestar una campaña de desestabilización, acusaciones que el Kremlin negó rotundamente. Países como Polonia, Estonia, Letonia y Lituania también han informado de situaciones similares en sus fronteras con Bielorrusia, y esta ley pretende abordar esta problemática compartida.
«Este es un mensaje claro a Rusia y a nuestros aliados. Finlandia protegerá su propia seguridad y la de las fronteras de la Unión Europea», declaró Orpo en una rueda de prensa tras la aprobación de la ley. Sin embargo, algunos juristas advierten que esta legislación podría violar los compromisos internacionales de Finlandia en materia de derechos humanos y su propia Constitución.
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