David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, está en el centro de una nueva investigación judicial impulsada por el sindicato Manos Limpias, que lo acusa de varios delitos relacionados con su gestión en la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Esta investigación incluye presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, que han puesto bajo escrutinio no solo a David Sánchez, sino también a otros altos cargos de la administración local.
El caso fue abierto después de que la juez Beatriz Biedma aceptara la denuncia presentada por Manos Limpias contra David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo (presidente de la Diputación pacense), y Alejandro Cardenal (jefe del Servicio de Apoyo Jurídico e Inspección del Área de Recursos Humanos de la Diputación). La jueza ha ordenado una serie de diligencias, incluyendo la revisión de los contratos y otros documentos clave que podrían arrojar luz sobre las acusaciones.
Según la denuncia, David Sánchez habría sido seleccionado para su puesto en 2017 entre once candidatos, tras una convocatoria pública en la que supuestamente cumplió con los requisitos establecidos. Sin embargo, Manos Limpias sostiene que Sánchez ha incumplido sus deberes laborales, señalando que recibe un salario a pesar de no cumplir con sus funciones. Uno de los puntos más polémicos es que solo habría dirigido la orquesta del Conservatorio Superior de Música de Badajoz una vez en los siete años que lleva en el cargo, lo que para el sindicato es una prueba de su falta de compromiso y rendimiento en el puesto.
Además, el sindicato denuncia que David Sánchez apenas asiste a su lugar de trabajo en la Diputación, y que no tiene permisos para teletrabajar. Otro aspecto que ha levantado sospechas es su lugar de residencia, pues vive en Elvas, Portugal, donde mantiene vínculos con el empresario Víctor de Aldama, implicado en el caso de la compra irregular de mascarillas conocido como el caso Koldo. Manos Limpias también cuestiona la legitimidad del patrimonio de Sánchez, que estiman en dos millones de euros, una cantidad que consideran desproporcionada en comparación con su salario anual de 55.000 euros.
Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha salido en defensa de David Sánchez, criticando a Manos Limpias por ser un sindicato de ultraderecha y afirmando que la justicia no confía en sus acusaciones. Los socialistas señalaron que el sindicato ha tenido que cumplir con estrictos procedimientos legales y ha debido depositar una fianza de 10.000 euros para que su denuncia fuera aceptada. Aun así, el juzgado ha iniciado diligencias preliminares y ha solicitado informes a diversas administraciones con el objetivo de esclarecer las acusaciones.
Este no es el primer cuestionamiento a la elección de David Sánchez. En 2017, Unidas Podemos, a través de su secretario general en Extremadura, Álvaro Jaén, expresó sus dudas sobre el proceso de selección, que describió como irregular, alegando que el puesto se creó sin un tribunal formal y con requisitos mínimos. Podemos exigió transparencia, solicitando las actas de las reuniones del tribunal y la evaluación de los candidatos, así como explicaciones sobre la creación del puesto y la adjudicación a Sánchez.
Por su parte, la jueza Beatriz Biedma, encargada de la investigación sobre David Sánchez, ha solicitado más información a la Diputación de Badajoz en el marco de la investigación por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude fiscal. En concreto, busca aclarar cuándo Sánchez comenzó a usar un nuevo despacho y qué ocurrió con el espacio anterior.
La investigación ha revelado irregularidades en su desempeño como responsable de actividades culturales, donde, a pesar de haber cobrado más de 250,000 euros desde 2017, solo ha organizado seis conciertos en siete años. También se cuestiona que, durante un año, no tuvo un despacho fijo, residiendo en Elvas, Portugal. La jueza expresó su preocupación por estas irregularidades y ordenó incautar correos electrónicos de varios altos cargos de la Diputación. Además, rechazó la petición del PSOE para eliminar del procedimiento las comunicaciones del diputado aforado Antonio Garrote, explicando que, mientras no haya indicios sólidos contra él, la competencia seguirá en su juzgado. Solo si se obtienen pruebas suficientes, el caso será transferido al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Mientras la investigación continúa, se espera que las pruebas y testimonios recopilados aclaren si David Sánchez y los otros implicados cometieron irregularidades en sus funciones, determinando así su posible responsabilidad penal.
