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La Formación Profesional (FP) se ha convertido en un pilar central de la estrategia del Gobierno para diversificar la economía y combatir el abandono escolar y el desempleo juvenil. Este martes, en el primer Consejo de Ministros del nuevo curso político, el Ejecutivo aprobará la distribución de más de 867 millones de euros a las comunidades autónomas para fortalecer la FP entre la población activa.
Inversión dirigida a trabajadores desempleados y ocupados
La mayor parte de estos fondos, 696,5 millones de euros procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, se destinará a programas de formación dirigidos a trabajadores desempleados. Además, se asignarán 145,9 millones para la formación de trabajadores ocupados. Las comunidades autónomas contarán con 24,8 millones adicionales para convocatorias específicas destinadas tanto a ocupados como a desempleados.
Distribución regional de los fondos
La distribución de estos recursos, que fue acordada en la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo, beneficiará especialmente a Andalucía, con 137 millones de euros, seguida por Cataluña (128 millones), Madrid (110 millones), la Comunidad Valenciana (96 millones) y Galicia (72 millones).
Crecimiento del número de alumnos
Desde el inicio del mandato de Pedro Sánchez, el número de alumnos en FP ha crecido un 35%, alcanzando 1.132.364 estudiantes en el curso 2023-24. Durante la legislatura pasada, se crearon 250.000 nuevas plazas y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, dirigido por Pilar Alegría, se ha propuesto ampliar esa cifra hasta 330.000 en la legislatura actual. El presupuesto para la FP ha aumentado un 865% desde 2019, superando los 6.500 millones de euros. Este aumento refleja la alta inserción laboral que ofrece la FP, cercana al 90%.
Impacto social y económico del impulso a la FP
El Gobierno también destaca que más de un millón de personas han visto acreditadas sus competencias profesionales, y se espera duplicar esta cifra en los próximos años. La ley vigente de FP, aprobada en diciembre de 2021 con el único voto en contra del PP, se centra en aumentar el tiempo de formación en empresas, reconocer competencias profesionales y facilitar la comunicación entre la FP y la universidad. Esta reforma, apoyada tanto por organizaciones empresariales como sindicales, es vista como un paso crucial para reducir la alta tasa de desempleo juvenil que, aunque ha disminuido, sigue siendo la más alta de la Unión Europea con un 27,7% entre los menores de 25 años.
Desigualdades y crecimiento en centros privados
Sin embargo, el auge de la FP también ha revelado disparidades. Los centros públicos, que matriculan al 65,7% de los estudiantes de FP, han visto un aumento del 31,1% en su alumnado en la última década, mientras que los centros privados han experimentado un crecimiento del 136,6%, llegando a superar el 450% en los centros privados no subvencionados, según un informe de CaixaBank Dualiza y Orkestra.
Apoyo de empresarios y sindicatos
El fortalecimiento de la FP cuenta con el respaldo de los agentes sociales. Las principales organizaciones empresariales, como CEOE y Cepyme, han instado al Gobierno a impulsar la formación profesional para cubrir las necesidades del mercado laboral, especialmente en áreas técnicas con alta demanda. Los líderes sindicales, Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CC OO), también han subrayado la importancia de actualizar las habilidades de los desempleados para reducir las vacantes en sectores específicos y mejorar las oportunidades laborales.
