Este viernes, una treintena de exmandatarios iberoamericanos solicitó formalmente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, la “captura y detención inmediata” del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su principal aliado, Diosdado Cabello, junto con toda la cadena de mando del régimen venezolano. La petición se basa en acusaciones de crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos bajo el gobierno de Maduro.
El expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien encabezó la iniciativa, explicó que se presentó un informe jurídico de seis páginas ante la Fiscalía de la CPI, documento que fue firmado por 31 expresidentes y exjefes de Estado de América Latina y España.
Entre los firmantes se destacan figuras como los expresidentes españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy, además de los exmandatarios colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque, el argentino Mauricio Macri, el mexicano Vicente Fox y el boliviano Carlos Mesa.
Pastrana destacó la participación de los exgobernantes españoles, señalando que “el único expresidente de España que no firmó fue José Luís Rodríguez Zapatero”. La reunión con el equipo del fiscal de la CPI, se llevó a cabo en la sede del tribunal, donde los firmantes de la denuncia, pertenecientes a la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA-Democrática, ofrecieron su cooperación para proporcionar evidencia y respaldo legal.
El informe presentado denuncia “violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos”, señalando específicamente la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen de Maduro, al que acusan de implementar un “terrorismo de Estado”. Esta nueva denuncia amplía las investigaciones que ya están en curso en la CPI desde 2021, cuando la Fiscalía del organismo abrió una causa formal contra Venezuela tras examinar denuncias presentadas por países como Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay.
González, Rajoy y Aznar han pedido la detención de Maduro
La investigación de la CPI se centra en crímenes cometidos en Venezuela desde febrero de 2014, pero no incluye cargos individuales contra figuras de alto rango del régimen. Sin embargo, el informe presentado por los exmandatarios iberoamericanos se enfoca en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, promulgada el 29 de enero de 2020, que nombra a Maduro como comandante en jefe, otorgándole el control absoluto de la jerarquía militar en el país.
Pastrana subrayó que, con esta ley, Venezuela ha dejado de ser un “Estado civilista para convertirse en un Estado militar”, responsabilizando directamente a Maduro y a los altos mandos del Ejército por las violaciones de derechos humanos ocurridas bajo su gobierno. Además, advirtió que ya no es posible eludir la responsabilidad legal bajo la excusa de la “diligencia debida”.
Los expresidentes han ofrecido a la CPI su colaboración para recabar pruebas y avanzar rápidamente en las investigaciones contra el régimen venezolano.
