En las últimas semanas, el Partido Popular ha evidenciado una clara dicotomía en su postura respecto a la inmigración, revelando tensiones entre su discurso nacional y las demandas específicas de sus gobiernos regionales. Mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha adoptado una postura más dura en cuestiones migratorias, algunas comunidades autónomas gobernadas por su partido han solicitado al Gobierno central un enfoque más flexible para la contratación de inmigrantes, en respuesta a la creciente escasez de mano de obra en varios sectores clave.
Discurso Nacional del PP
A finales del verano, Feijóo intensificó su crítica hacia el presidente del Gobierno, acusándolo de fomentar un «efecto llamada» a través de su gira por países africanos para establecer un programa de “migración circular”. Este programa tiene como objetivo permitir la contratación temporal de trabajadores en sectores con alta demanda en España, como la agricultura y la construcción. Según Feijóo, esta política resultaría en un aumento de la inmigración ilegal y estaría asociada con un incremento en las muertes de migrantes, argumentación que el PP ha usado para justificar su rechazo a políticas más inclusivas.
El PP ha adoptado un discurso cada vez más crítico con la inmigración en los últimos tiempos. Durante la campaña para las elecciones catalanas, Feijóo vinculó la inmigración con problemas como la okupación de viviendas. Además, a finales de julio, el partido bloqueó una reforma de la Ley de Extranjería que proponía un mecanismo para la redistribución de menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades autónomas, argumentando que dicha reforma era inadecuada.
A pesar de esta postura restrictiva, el PP había mostrado en ocasiones anteriores una actitud algo más conciliadora respecto a la inmigración. Recientemente, el partido aprobó iniciar la tramitación de una iniciativa legislativa popular para regularizar a casi medio millón de migrantes, aunque con la condición de introducir enmiendas que vinculan la inmigración con la delincuencia. Borja Sémper, portavoz del PP, indicó que la reforma debe contemplar la situación de los migrantes en función de sus antecedentes penales y propósito en España, diferenciando entre aquellos que buscan empleo y aquellos con intenciones distintas.
La aparente contradicción entre el discurso nacional del PP y las necesidades regionales se hace especialmente evidente en las comunidades autónomas gobernadas por el partido. Estas regiones han expresado claramente la necesidad de mayor flexibilidad para la contratación de inmigrantes, en respuesta a la creciente falta de mano de obra en diversos sectores económicos.
En Galicia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha impulsado una ampliación del programa de formación para inmigrantes, que contará con un presupuesto de un millón de euros y beneficiará a unas 150 personas. Este programa ha demostrado ser efectivo en el pasado, con una alta tasa de éxito en la integración laboral de los participantes. Rueda ha subrayado que esta formación está enfocada a sectores con alta demanda de empleo, como la hostelería, la atención sociosanitaria, la construcción y el trabajo en el medio rural.
Rueda también ha solicitado una flexibilización en la normativa para permitir una entrada más ágil de migrantes al mercado laboral en Galicia. En particular, ha hecho hincapié en la necesidad de requisitos más flexibles para la entrada de trabajadores en sectores con carencia de mano de obra, como la pesca y la agricultura. La Xunta ha presentado alegaciones al nuevo reglamento de la Ley de Extranjería en esta línea, pidiendo plazos más razonables para la tramitación de expedientes y una mayor adaptación a las necesidades locales.
En Extremadura, la Junta planea solicitar formalmente al Gobierno central mayores facilidades para la contratación de trabajadores extranjeros, especialmente en el sector agrícola y de la construcción. Las principales organizaciones agrarias han trasladado esta demanda al consejero de Economía, Guillermo Santamaría, quien se ha comprometido a defenderla en Madrid.
En el sector agrícola, la falta de mano de obra ha llevado a una ralentización de las obras y a una reducción en las promociones previstas. La patronal de la construcción también ha señalado que se necesitan 9.000 profesionales en la región. Carlos Izquierdo de Tapia, presidente de la Confederación Extremeña de la Construcción, ha enfatizado la urgencia de legalizar la situación de los migrantes para cubrir estas vacantes y evitar mayores problemas en el sector.
En La Rioja, el Gobierno regional, liderado por Gonzalo Capellán, ha identificado una falta significativa de mano de obra en sectores agrícolas críticos, como la recolección de frutas y la vendimia. El Gobierno local ha señalado la necesidad de revisar la normativa actual para facilitar la contratación de migrantes en estas áreas. La Consejería de Educación y Empleo está trabajando en una serie de aportaciones para asegurar la presencia necesaria de mano de obra durante las campañas agrícolas, adaptando la normativa a las circunstancias específicas de estos sectores.
