El exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, está intentando que el juez que lo investiga por presunto cobro de comisiones en contratos públicos, le permita recibir su salario como consultor. García trabajaba para una empresa constructora a través de una consultoría propiedad de su esposa, Patricia Úriz, pero el contrato fue rescindido en febrero.
Contrato rescindido tras su detención
El contrato, firmado en noviembre de 2022 entre el Grupo Azvi y la consultoría de Úriz, Erikapat Consultoría Internacional SL, tenía una duración de un año. Sin embargo, fue cancelado en febrero de este año, coincidiendo con la detención de García y el inicio de la investigación sobre la operación Delorme, en la que se le acusa de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
El abogado de García presentó la semana pasada este contrato ante la Audiencia Nacional, solicitando el desbloqueo de las cuentas de la empresa para que su cliente pudiera cobrar las nóminas pendientes. Sin embargo, Azvi explicó que el contrato quedó anulado debido a las cláusulas de cumplimiento normativo que impiden mantener vínculos con empresas o personas involucradas en casos de corrupción o delitos financieros.
Sospechas sobre la consultora
Uno de los puntos clave de la investigación se centra en la naturaleza de la consultoría Erikapat, que la Guardia Civil sospecha podría haber sido una tapadera para ocultar el aumento patrimonial de García. En un informe de la Unidad Central Operativa (UCO), se plantean dudas sobre la legitimidad de la consultoría y la actividad que esta realizaba.
A pesar de los intentos de García y su esposa por desbloquear las cuentas de la empresa, el juzgado ha denegado la petición en varias ocasiones, ya que no se ha demostrado de manera clara la actividad real de la mercantil y los servicios que supuestamente prestaba a la empresa.
Solicitud de pago de nóminas atrasadas
En el escrito presentado a la Audiencia Nacional, el abogado de García insistió en que su cliente trabajaba como asesor para la consultora y solicitó el desbloqueo de las nóminas pendientes, que ascienden a 1.328 euros (febrero) y 1.642 euros (marzo), además de las sucesivas que se devenguen mensualmente. También se solicitó el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes.
Investigaciones con nuevos testimonios
El Grupo Azvi, una empresa adjudicataria habitual del Ministerio de Transportes y especializada en el sector ferroviario, ha destacado que recurrió a Erikapat para realizar labores de consultoría en Latinoamérica. Sin embargo, los informes policiales no reflejan que ni García ni su esposa tengan experiencia previa en consultoría, más allá del paso de García por el Ministerio de Fomento.
La causa sigue avanzando, y recientemente han testificado dos cargos de Adif que señalaron a Michaux Miranda, exdirector general de Personas y también investigado, como responsable de la adjudicación a la empresa Soluciones de Gestión, la misma implicada en la operación Delorme, que gestionó contratos de mascarillas por un valor de 12,5 millones de euros. Michaux Miranda está citado a declarar en los próximos días.
