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La Fiscalía ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra el nuevo protocolo de atención a menores extranjeros no acompañados, recientemente aprobado por el Gobierno canario. En su recurso, el Ministerio Público señala que la administración autonómica «elude el efectivo ejercicio de sus competencias de protección de menores», justificando su inacción en una presunta atención policial que, según la Fiscalía, no cumple con los requisitos necesarios para garantizar la protección integral de estos menores.
Solicitud de suspensión inmediata
El recurso, firmado por la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, no solo cuestiona el protocolo, sino que también solicita que se suspenda de forma inmediata su aplicación. La Fiscalía advierte que la falta de atención adecuada a los menores interceptados en el mar, como establece el protocolo, podría suponer una vulneración de sus derechos fundamentales.
El recurso denuncia que el protocolo canario viola el derecho a la igualdad y la integridad moral de los menores. Según la Fiscalía, los menores interceptados en el mar reciben un trato diferente al de aquellos que no provienen de este entorno, lo que genera una discriminación injustificada. Además, señala que la protección inicial ofrecida a estos menores es insuficiente y no garantiza su seguridad.
Críticas a la dilación en la atención a menores
El documento también acusa al Gobierno de Canarias de demorar la entrega de menores extranjeros no acompañados a los servicios de protección de la Comunidad Autónoma. La Fiscalía considera que este retraso es «incompatible» con los derechos de los menores y afecta directamente a su bienestar. En su escrito, se critica que se impongan requisitos adicionales para los menores interceptados en el mar, lo que agrava su situación de vulnerabilidad.
La atención policial, una medida insuficiente
Por otro lado, la Fiscalía sostiene que la atención brindada a los menores por parte de las fuerzas de seguridad es insuficiente y no aborda adecuadamente su situación de desamparo. Aunque se reconoce que los menores son atendidos por agentes policiales, la protección que se les otorga no cumple con los estándares necesarios para salvaguardar su integridad. El recurso también señala que el protocolo es ambiguo al referirse a los funcionarios encargados de la protección de estos menores.
Respuesta del Gobierno de Canarias
El dirigente de Coalición Canaria señaló que, así como la Fiscalía es exigente con el Gobierno regional, también debería serlo con el Estado. Clavijo denunció que durante meses se ha permitido que los menores sean entregados sin las debidas garantías, una situación que, según él, ha sido ignorada por la Fiscalía.
