Imagen: Pancarta en la manifestación del Orgullo Crítico en Madrid este 2017. Álvaro Minguito
Cuando en el mundo había 77 países que prohibían la homosexualidad, Catalunya aprobaba la primera norma de España que sancionaba las agresiones y discriminaciones por razón de orientación sexual o de identidad de género. El 2 de octubre de 2014, la entonces presidenta del Parlament Núria de Gispert anunció que la ley catalana contra la LGTBIfobia había sido aprobada.
Se conmemoraba una “jornada histórica” en el Parlament, donde cientos de activistas del colectivo celebraban que Catalunya tenía la primera ley de España y una de las primeras del mundo que incluían un régimen sancionador contra las discriminaciones y agresiones por orientación sexual e identidad de género.
La ley fue aprobada con los votos del PSC, ICV, ERC la CUP, Ciudadanos y Convergència, que votó por separado de Unió. Los democristianos rechazaron algunos artículos de la norma. El PP fue el único que dio un ‘no’ son matices a la ley. La iniciativa fue de los partidos del tripartito, que la llevaban en su programa electoral, y de la CUP. La gran incógnita, en realidad, era CiU, que entonces ostentaba la presidencia del Govern con Artur Mas a la cabeza y con el apoyo del PP.
El impulsor de la ley dentro del PSC fue el ahora alcalde de Barcelona Jaume Collboni, pero cuando renunció a su escaño para pasarse a la política municipal, Iceta heredó la misión de negociar y defender la normativa, justo cuando estaban a punto de cumplirse 15 años desde su salida del armario.
La víctima no era la responsable de demostrar el agravio, sino el victimario de demostrar su inocencia
Uno de los aspectos más destacados e innovadores de la ley es que invierte la carga de la prueba, con lo que fue de las primeras normas en establecer que no era la víctima la responsable de demostrar el agravio, sino el victimario de demostrar su inocencia. Eso y el régimen sancionador convirtieron a la ley catalana contra la LGTBIfobia en un texto pionero, que condena los insultos, las discriminaciones y agresiones con multas de entre 756 y 7.560 euros, así como con la imposibilidad de recibir subvenciones y aplicar a contrataciones públicas.
Los negociadores apuntan que la ley es completa, pero que para que se despliegue totalmente hace falta “voluntad política” puesto que, al ser sanciones administrativas, las multas deben venir impuestas por la Administración Pública.
Aquel año se reportaron 39 incidencias, lejos de las 351 del pasado 2023. Tanto desde el Govern como desde las entidades insisten en recordar que este aumento no significa necesariamente que haya más agresiones, sino más confianza en las administraciones y en el proceso de denuncia. De hecho, un dato que destaca y que es celebrado por el colectivo es que, por primera vez desde que entró en vigor la ley, el número de incidencias que ha recibido la Generalitat se equipara al que reciben las entidades sociales.
