El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha alzado la voz en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, impulsada por el acuerdo entre PSOE, Sumar y EH Bildu. Imbroda ha advertido que este cambio legislativo provocará lo que describe como un «colosal efecto llamada» de inmigrantes hacia las fronteras de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, además de generar un «gran negocio para las mafias» dedicadas al tráfico de seres humanos.
A través de su cuenta en la red social X, Imbroda manifestó su preocupación, subrayando que esta reforma podría desencadenar una avalancha de inmigrantes en las fronteras españolas de las dos ciudades autónomas, lo que, según él, pondría en peligro la seguridad fronteriza. El presidente melillense sostiene que las medidas propuestas abren la puerta a que las mafias se beneficien aún más del tráfico de personas, exacerbando una problemática que afecta a la estabilidad de estas regiones.
La Ley de Seguridad Ciudadana, vigente desde 2015, incluye entre sus disposiciones la cobertura legal para los rechazos en frontera, una medida polémica que permite devolver de manera inmediata a los inmigrantes que intentan cruzar las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Este mecanismo ha sido uno de los pilares de la política migratoria en estas zonas, y su posible modificación genera inquietud en sectores políticos y sociales, especialmente en las dos ciudades autónomas que, debido a su situación geográfica, son las más expuestas a la inmigración irregular.
Imbroda no se limitó a advertir sobre las posibles consecuencias migratorias, sino que calificó la reforma como un “descomunal disparate”. Además, el hecho de que la propuesta esté respaldada por EH Bildu, un partido tradicionalmente ligado a la izquierda abertzale, ha suscitado críticas adicionales por parte del presidente de Melilla, quien expresó su rechazo tanto al contenido como a los actores políticos involucrados en esta iniciativa.
El debate en torno a la Ley Mordaza ha estado presente desde su promulgación. Mientras que sus defensores argumentan que es necesaria para garantizar la seguridad y el orden público, sus detractores consideran que la ley vulnera derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a manifestarse. La propuesta de reforma busca, entre otros aspectos, revisar las disposiciones más controvertidas de la ley, incluyendo aquellas relacionadas con la actuación en las fronteras.
Para Imbroda, el temor radica en que al eliminar o modificar los rechazos en frontera, se incentive a más inmigrantes a intentar cruzar hacia territorio español, lo que podría derivar en una crisis migratoria de grandes proporciones. Según su visión, el sistema actual, aunque criticado por algunos sectores, ha permitido mantener cierto control en una situación delicada.
