Imagen: Félix Bolaños, en una reunión con la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua. (EFE/Rodrigo Jiménez)
El Gobierno ha aprobado una reforma judicial sobre el intercambio de información de antecedentes penales y la consideración de resoluciones penales en la Unión Europea, que conlleva una reducción de penas de cárcel para 41 presos de ETA, y, en algunos casos, su liberación inmediata. El Congreso de los Diputados aprobó esta reforma judicial en su sesión plenaria del pasado 18 de septiembre y ahora espera su refrenado definitivo por el Senado.
Así lo ha adelantado El Confidencial, que señala que se trata de la modificación de la ley orgánica 7/2014, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea. Esta modificación ha pasado totalmente desapercibida, incluso para los partidos, ya que el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad.
La reforma beneficiará a Txapote
Esta reforma, pactada con Bildu, beneficiará principalmente a los etarras que cumplieron condenas en Francia, entre ellos Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, cuya pena de prisión se reducirá en seis años, lo que le permitirá salir de la cárcel en los próximos meses. Según cálculos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), en total se perdonarán aproximadamente 400 años de cárcel.
Es importante señalar que, anteriormente, el Gobierno se comprometió con la AVT a no tomar ninguna medida que beneficiara a los presos etarras mediante esta ley. Además, el propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez aseguró que «no se están reduciendo las condenas» y que los etarras cumplirán sus penas «íntegramente».
Abogados de los etarras y Bildu demandan esta reforma desde 2015
Esta reivindicación que hacen los presos etarras viene de lejos. Tanto los abogados de los presos etarras como Bildu demandan desde 2015 la modificación de esta ley. No obstante, en 2018 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avaló que España no descontara los años de cárcel cumplidos en Francia a los etarras. De esta manera, el 2022, la AVT protestó por la medida que preparaba el Gobierno de Sánchez y aseguró que “supone una nueva humillación para las víctimas del terrorismo”, puesto que se basa en un “fraude de ley” de lo dictado en la materia por el TEDH.
Según apuntaba el ya citado diario, la modificación que ha colado el Gobierno viene de tramitarse una ley orgánica con efectos en el Código Penal por la vía de urgencia. Así, señala que fue durante su paso por la Comisión de Justicia cuando se introdujeron los cambios necesarios para permitir reducir la condena a estos presos etarras. El Confidencial señala que fue durante el debate de la ponencia cuando se modificó el artículo 14.1 de la ley, con efecto directo en el cómputo de las penas, y quedó aprobado el 10 de septiembre.
