El Congreso ha dado el primer paso para disolver la Fundación Francisco Franco, un avance derivado de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que establecía este objetivo en un plazo de un año. El Gobierno, sin embargo, no cumplió con su compromiso de presentar una reforma de la Ley Reguladora del Derecho de Asociación dentro de ese marco temporal, lo que llevó al Grupo Socialista en el Congreso a tomar la iniciativa mediante una proposición de ley. Con este mecanismo, se evitó el procedimiento habitual de informes consultivos y se redujo la participación de otros grupos parlamentarios en el proceso legislativo.
La votación en el Congreso resultó en un apoyo mayoritario de 314 votos a favor, incluyendo al Partido Popular, y 33 en contra, principalmente de Vox. Esta reforma incluirá una disposición adicional en la Ley de Asociaciones que prevé la disolución de cualquier entidad que promueva la «apología del franquismo». La apología se define de diversas formas, entre ellas el enaltecimiento del golpe de Estado de 1936, la dictadura franquista, o cualquier acto que humille a las víctimas de ese periodo histórico o incite al odio y la violencia. El proceso de disolución será mediante resolución judicial, y el Ministerio Fiscal será el encargado de iniciar los procedimientos legales.
El debate en el Congreso estuvo marcado por la tensión. El diputado socialista Díaz Marín aprovechó la ocasión para desafiar al Partido Popular, instándoles a «decir si están a favor o en contra de la apología del franquismo» y arremetiendo contra quienes consideró «negacionistas de la memoria». Vox, representado por Ignacio Hoces, atacó duramente al PSOE, acusándolos de estar «obsesionados» con Franco y responsabilizándolos de los acontecimientos que desembocaron en la Guerra Civil de 1936. Hoces calificó al PSOE como «culpables directos» del conflicto, mientras que Díaz Marín, en su réplica, desestimó el ataque con sarcasmo, afirmando: «Esto no es una competición para ver quién es más facha».
Mientras tanto, Junts y ERC expresaron su preocupación sobre cómo se aplicará la ley, sugiriendo que la interpretación judicial podría verse influenciada por una herencia franquista en algunos sectores de la judicatura. La ley establece que la disolución de fundaciones como la de Francisco Franco será gestionada por el sistema judicial, aunque muchos partidos advierten que su implementación podría depender de cómo los jueces interpreten estos casos en particular.
En medio de la polémica, Rodríguez también apuntó que no se puede tratar de la misma manera a las regiones que están trabajando para cumplir con la ley que a aquellas que se oponen a su aplicación, insinuando que la reforma está diseñada para garantizar que aquellos que ensalcen el franquismo no escapen a la rendición de cuentas.
