Imagen: AFP
Las recientes informaciones que han surgido en Madrid sobre el «caso Ábalos» han generado inquietud entre los aliados políticos de Pedro Sánchez. Aunque la consigna es mantener la calma y seguir negociando, las dudas sobre las implicaciones futuras de este caso han comenzado a crecer. A pesar de las preguntas sin respuesta sobre los detalles del escándalo, los socios del gobierno se aferran a la línea de que no existen pruebas claras de una financiación irregular del PSOE. Esta postura les permite justificar que no exigen lo mismo que demandaron en su día al Gobierno de Mariano Rajoy.
Tensiones políticas y escenarios futuros
La política actual tiende a ampliar las diferencias entre lo que se dice públicamente y lo que realmente se piensa sobre el rumbo que tomarán los acontecimientos. Si las investigaciones del «caso Ábalos» continúan apuntando hacia el presidente del Gobierno, algunos partidos que apoyaron la investidura de Sánchez podrían replantear su apoyo. No obstante, por motivos de supervivencia política, el PNV, por ejemplo, podría ofrecerle a Sánchez una salida similar a la que propusieron a Rajoy antes de la moción de censura de 2018: dejar en la presidencia a un sucesor para evitar la convocatoria de elecciones y prolongar la legislatura.
El PNV y Junts ante la posible crisis
El PNV mantiene una fórmula para evitar que se llegue a elecciones si la situación se complica. Aunque no consideran una moción de censura como opción, recurren a un plan similar al que propusieron a Rajoy, el cual no fue aceptado por las tensiones internas en el Partido Popular. Por otro lado, Junts sigue mostrando cautela, a la espera de que se concrete la amnistía para el expresidente catalán, Carles Puigdemont. La colaboración entre ambos partidos es estrecha, y en caso de que la situación política se vea amenazada por la corrupción, es probable que ambos opten por seguir un camino similar.
El papel de los socios de investidura
Mientras tanto, desde el Gobierno se considera a Bildu y ERC como aliados firmes, independientemente de las investigaciones en curso. ERC está centrada en su proceso congresual, con Oriol Junqueras ganando terreno entre la militancia. En cuanto a Sumar, su posición ha sido de apoyo incondicional al PSOE. Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, ha intentado mantener una agenda propia, pero su relevancia política ha disminuido, y sus propuestas parecen perder fuerza en esta legislatura.
Junts, a pesar de su aparente ambigüedad, sigue pendiente de la resolución de la amnistía de Puigdemont y de su congreso a finales de octubre, donde se blindará su liderazgo. Aunque no han dado pasos concretos hacia una moción de censura, su papel como principal oposición al gobierno de Salvador Illa en Cataluña y su control de siete escaños en el Congreso los convierte en actores clave para mantener viva la causa soberanista.
