El Partido Popular (PP) ha elevado una nueva solicitud en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno a acelerar la ejecución de los fondos europeos destinados al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Según los datos presentados, el PP denuncia que apenas se ha utilizado una mínima fracción de estos fondos, correspondientes al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea, lo que deja pendiente una cantidad considerable sin asignar a proyectos concretos.
El PP ha registrado una proposición no de ley (PNL) para que se adopten medidas urgentes que permitan la ejecución del 84,1% de los fondos europeos asignados al Ministerio de Derechos Sociales. Esta proposición será debatida en la próxima Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso. El partido sostiene que el presupuesto asignado para 2024 asciende a 1,1 millones de euros en el marco del Componente C22 del Mecanismo de Recuperación, y alega que el Gobierno debe garantizar un uso efectivo y transparente de estos fondos.
La falta de ejecución de los fondos es una preocupación que ya venía gestándose. En el año 2023, el Ministerio solo realizó pagos por un total de 234,6 millones de euros, un modesto 15,9% del total de los créditos asignados, lo que deja sin ejecutar un 84,1% de los fondos. Esta baja ejecución es aún más crítica en el ámbito del Plan de Apoyos y Cuidados de Larga Duración, donde de los 879,7 millones de euros asignados, únicamente se destinaron 64,6 millones, lo que representa solo el 7,3%, dejando sin gastar el 92,7% del presupuesto.
El PP critica que estos recursos no están alcanzando a las personas y familias en situación de vulnerabilidad, ni a las administraciones encargadas de atender las necesidades sociales. Este retraso en la ejecución es particularmente alarmante, dado que la desigualdad y la pobreza continúan siendo desafíos persistentes en España. Uno de cada tres niños en el país se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, un dato que refleja el impacto de la situación económica en los hogares más desfavorecidos y cuestiona la efectividad de las medidas gubernamentales.
Ingreso Mínimo Vital: una cobertura insuficiente
Otro punto señalado en la exposición de motivos de la proposición se centra en el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación que, según el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), no alcanza a los hogares que más lo necesitan. Solo un 36% de los hogares elegibles reciben el IMV, y esta cifra disminuye al 19% en el caso del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). En el caso de los hogares en pobreza severa, el acceso a estas ayudas es aún menor, alcanzando apenas el 20%. El PP denuncia que estas cifras reflejan una cobertura insuficiente en un momento en que más familias requieren apoyo.
El sistema de atención a personas en situación de dependencia es otro de los frentes abiertos. Según los datos aportados, actualmente existen 292.792 personas en lista de espera para recibir las prestaciones o servicios del sistema de dependencia, y 40.447 personas fallecieron el año pasado mientras esperaban su acceso a estas ayudas. Este año, cada 15 minutos muere una persona en España en lista de espera para obtener la ayuda a la que tiene derecho, lo que deja claro la urgencia de solucionar este problema. El PP describe el sistema de dependencia como un «estado preocupante», donde la falta de recursos y las largas listas de espera siguen afectando a miles de familias.
Además, el PP señala que los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación confirman una gestión ineficaz por parte del Gobierno. La tasa de ejecución de estos fondos es la más baja desde que se instauró el plan, lo cual agrava aún más la situación en el caso del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, donde la falta de resultados es evidente.
El PP considera que los fondos europeos representan una oportunidad única para enfrentar los desafíos sociales y económicos del país, pero subraya que el diseño centralizado y unilateral de las inversiones dificulta su correcta implementación en las comunidades autónomas. Este modelo, impuesto por el Gobierno central, complica la absorción de los fondos, pues limita la autonomía de las comunidades en el uso y distribución de estos recursos.
