En el último año, el Gobierno y sus entes dependientes han adjudicado contratos por un valor de 6.700 millones de euros mediante un proceso cuestionado de adjudicación directa, o «a dedo», donde la transparencia y la competencia quedan a un lado. Estos contratos, otorgados sin licitación pública, han sido posibles gracias a procedimientos negociados sin publicidad, una herramienta que debería ser excepcional, pero que ha ganado un papel central en la administración pública.
El recurso a la adjudicación directa
Desde el 1 de octubre de 2023 hasta finales de septiembre de 2024, el Ejecutivo ha adjudicado 2.950 contratos mediante este procedimiento. Estos contratos evitan la competencia abierta y se otorgan bajo términos definidos directamente con la empresa seleccionada, lo que reduce los plazos de gestión al omitir información pública. Aunque el procedimiento exige realizar al menos tres invitaciones, la realidad es que no obliga a contar con múltiples participantes. En consecuencia, la media de licitadores en estos procesos es de apenas 1,2, un indicador claro de falta de competencia.
La preferencia por esta metodología se concentra en sectores donde las cifras son significativamente elevadas, como Defensa y Tecnología, bajo el argumento de eficiencia y rapidez. Sin embargo, esta práctica abre la puerta a cuestionamientos sobre transparencia y favorecimiento, especialmente cuando se compara con los umbrales de participación que establece la Comisión Europea.
Impacto en las pequeñas y medianas empresas
La utilización de contratos negociados sin publicidad afecta particularmente a las pequeñas y medianas empresas . Estas empresas suelen tener dificultades para competir en un mercado donde los contratos se otorgan a empresas ya seleccionadas, limitando así sus oportunidades de negocio y contribuyendo a la concentración de los mismos en pocas manos. En el cuarto trimestre de 2023, mientras el Gobierno operaba en funciones, se produjo un aumento significativo en este tipo de contratos, alcanzando los 821 contratos con un valor de adjudicación de 4.378 millones de euros, lo que representa casi el 10% del total adjudicado en ese periodo.
Este tipo de práctica ha sido tema de debate desde 2015, cuando el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuestionó el abuso de contratos sin publicidad. Sin embargo, la práctica persiste, y los efectos para las pymes, que a menudo no pueden competir en igualdad de condiciones, continúan siendo perjudiciales.
Otro aspecto preocupante es la baja participación en las licitaciones públicas. Según datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación , el 43% de los contratos adjudicados en el último año recibió una sola oferta. Esta falta de concurrencia se debe, en parte, a la burocracia y las barreras que enfrentan las pymes para acceder a los contratos públicos. Como resultado, se pierde la oportunidad de reducir costes y mejorar la relación calidad-precio para el Estado, ya que menos aspirantes implican menos posibilidades de negociación.
En términos de costes, los contratos adjudicados con un solo licitador en los últimos 12 meses sumaron más de 6.500 millones de euros. Esta cifra supera ampliamente el umbral del 20% que recomienda la Comisión Europea, una guía que sugiere que la competencia en las licitaciones es clave para optimizar los recursos públicos.
Además de los contratos a dedo sin publicidad, las administraciones recurren con frecuencia a los contratos menores para realizar obras y servicios de menor cuantía. Estos contratos, otorgados sin apenas documentación y con mínima fiscalización, limitan aún más la competencia. La falta de transparencia en este procedimiento permite designar a dedo al adjudicatario, lo que favorece prácticas de favoritismo y, en algunos casos, troceo de contratos para eludir la ley.
Entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, la Administración General del Estado adjudicó más de 40.700 contratos menores. En muchos casos, estos contratos se otorgaron con menos de tres ofertas y sin procesos formales de licitación, práctica habitual en ayuntamientos, comunidades autónomas y algunos ministerios. Pese a que el troceo de contratos para favorecer a ciertas empresas es una infracción, las denuncias y consecuencias legales son limitadas. En algunas ocasiones, estos casos han derivado en condenas e investigaciones policiales, pero los casos son pocos en comparación con la extensión del fenómeno.
