El Ejecutivo se encuentra en pleno estudio de una posible reforma estructural de Muface, la mutualidad que brinda asistencia médica a 1,52 millones de empleados públicos y sus familias. Fuentes del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública han confirmado que el objetivo de esta reforma es encontrar una salida a la crisis que enfrenta este sistema de casi 50 años de antigüedad.
Cambios en el sistema de elección de sanidad
Uno de los pilares de Muface podría verse afectado de manera significativa en esta reforma. Actualmente, los beneficiarios pueden optar anualmente entre recibir atención médica a través de la sanidad pública o la privada, pudiendo revertir esta decisión al año siguiente si así lo desean. La propuesta sobre la mesa plantea que esta elección sea definitiva, de modo que los funcionarios optarían de forma permanente por el régimen común (sanidad pública) o el régimen especial (sanidad privada).
La reciente negativa de Adeslas, Asisa y DKV a participar en el nuevo convenio para 2025 y 2026 ha sido un factor clave para impulsar esta reforma. Las autoridades de Función Pública destacan que, aunque el convenio actual se mantiene hasta enero de 2025, se garantizarán los servicios de salud mediante otros mecanismos si no se cierra el próximo acuerdo, conforme a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.
La necesidad de una planificación financiera estable
Para los responsables de la mutualidad, una reforma es fundamental para asegurar la viabilidad y la estabilidad del sistema. Permitir que los funcionarios elijan de manera permanente entre sanidad pública y privada ofrecería una «foto fija» de los usuarios, lo que facilitaría la planificación y el cálculo de ingresos y gastos a largo plazo. Aunque cada año ingresan en Muface nuevos funcionarios, el número representa una proporción menor de beneficiarios, lo que da estabilidad al sistema.
Este sistema cubre a diferentes colectivos de empleados públicos, pero no incluye a todos los funcionarios, lo que añade complejidad a la reforma. Sin embargo, no cubre, por ejemplo, a interventores de la Seguridad Social, investigadores en organismos públicos, ni al personal administrativo de las universidades, entre otros grupos.
Control de gastos y eficiencia en la gestión de recursos
La sostenibilidad económica depende también de un control de gastos más efectivo. Con este objetivo, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública espera un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), previsto para fin de año, sobre el funcionamiento y financiamiento de Muface. Entre las medidas en estudio figuran la extensión de la receta electrónica, la centralización de la compra de medicamentos y un mayor control sobre la prescripción de ciertos fármacos como los psicotrópicos.
En 2023, las oficinas de farmacia facturaron 29 millones de recetas las aseguradoras, lo que supuso un gasto de 340,8 millones de euros, con un aumento del 5,32% respecto al año anterior. Este crecimiento supera al incremento de gasto registrado en la sanidad pública, según datos del Ministerio de Hacienda.
