El Ministerio de Justicia ha admitido que las mujeres cometen la mayoría de los secuestros parentales en España. Según los datos revelados, el 63% de las condenas por este delito corresponde a madres, una cifra que hasta ahora había sido esquivada por el Ejecutivo. Entre 2017 y 2022, 143 personas fueron condenadas por sustracción de menores: 90 mujeres frente a 53 hombres.
El reconocimiento llega en un momento crítico. En 2023, se registraron cerca de 500 casos de secuestros parentales, según el informe del Centro Nacional de Desaparecidos , una dependencia del Ministerio del Interior. La Asociación de Niños sin Derechos (NISDE) advierte que este año las cifras podrían superar las de 2023, evidenciando una tendencia preocupante.
Una verdad incómoda y sistemáticamente oculta
Durante años, el Gobierno evitó proporcionar datos específicos sobre los responsables de este delito. En 2022, este medio solicitó información al Ministerio de Igualdad, Interior y Justicia, recibiendo una respuesta negativa: «No se dispone del desglose por género del progenitor que ha llevado a cabo la sustracción». Sin embargo, los sistemas de registro parecen haber mejorado, y los nuevos datos arrojan luz sobre una realidad que había permanecido en las sombras.
Estos números, no obstante, sólo reflejan los casos que han terminado en condenas. Javier Somoza, presidente de NISDE, denuncia que en 2022 se abrieron 1.339 diligencias previas por sustracción parental, pero solo 45 terminaron en condenas. «El sistema falla gravemente», asegura. Según Somoza, la falta de transparencia y datos detallados se debe a que «los niños no producen rédito político y se consideran un efecto colateral en los conflictos de pareja».
A nivel global, las estadísticas también son reveladoras. El Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados indica que el 73,8% de los secuestros parentales son cometidos por mujeres. Este patrón, según expertos, se replica en España, donde el Ejecutivo ha sido acusado de minimizar estas cifras para proteger ciertos discursos políticos. El secuestro parental ocurre cuando uno de los progenitores traslada o retiene ilegalmente a sus hijos en un lugar diferente al de su residencia habitual, violando así los derechos del otro progenitor. A pesar de su gravedad, este delito a menudo queda relegado en el debate público, y las medidas judiciales no parecen ser lo suficientemente eficaces.
El problema se agrava con la percepción social de las madres como figuras protectoras, una narrativa que, según activistas, ha permitido que algunas mujeres acusadas de secuestro parental sean indultadas bajo esta etiqueta. «Es un mensaje peligroso que invisibiliza el daño real a los menores», advierte Somoza.
El caso de los secuestros parentales guarda paralelismos con otra problemática igualmente silenciada: los filicidios. Aunque el Gobierno contabiliza los asesinatos de menores cometidos por padres bajo el concepto de «violencia vicaria», no hace lo mismo con los casos perpetrados por madres. Según la periodista Ana Sharife, al menos 22 menores fueron asesinados por sus progenitores en los últimos años, 14 de ellos a manos de sus madres.
En 2022, el Ejecutivo reconoció en una respuesta parlamentaria que, en los últimos quince años, las madres habían asesinado a 26 menores, frente a los 24 casos perpetrados por los padres. No obstante, esta admisión no tuvo continuidad en las estadísticas oficiales, dejando nuevamente en la penumbra una realidad incómoda.
