La Asamblea de Madrid ha celebrado este miércoles la segunda sesión de la comisión de investigación sobre posibles irregularidades y presunto trato de favor en la Universidad Complutense de Madrid hacia Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
Aunque con menos expectación mediática que la semana anterior, cuando compacieron Gómez, el rector Joaquín Goyache y la interventora Elvira Gutiérrez-Vierna, la jornada arrojó datos reveladores.
El decano de la Facultad de Ciencias de la Información, Jorge Clemente Mediavilla, fue el primero en comparecer de esta semana. Clemente anunció que la UCM le ha abierto una investigación interna por un presunto caso de acoso laboral vinculado a sus insistentes solicitudes de información sobre las cátedras extraordinarias, en especial aquellas adscritas a su facultad.
Aseguró que estas solicitudes, realizadas en el Consejo de Gobierno y el claustro universitario, le han valido una denuncia presentada por el vicerrector Ubaldo Cuesta, director de varias de estas cátedras.
Clemente expresó su disposición a colaborar con la comisión, aunque advirtió que podría abstenerse de responder algunas preguntas debido a la investigación interna en curso.
A pesar de ello, ofreció detalles sobre la gestión de las cátedras, revelando una notable falta de control y transparencia por parte de la universidad. Según explicó, desde 2017 no se ha realizado el seguimiento obligatorio ni se han convocado las comisiones mixtas previstas para supervisar estas actividades.
Las cátedras de Begoña Gómez en el punto de mira de la Justicia
Sobre las cátedras extraordinarias adscritas a su facultad, Clemente afirmó que, aunque en la documentación oficial figuran cuatro, en realidad serían seis, todas dirigidas por catedráticos titulares. Sin embargo, indicó que no tiene constancia de cómo se gestó la cátedra vinculada a Begoña Gómez ni de las credenciales que la justifican, a pesar de haber solicitado explicaciones en múltiples ocasiones.
Mercedes Zarzalejo, diputada del Partido Popular y portavoz en la comisión, agradeció al decano su valentía y calificó de “impactante” que haya sido denunciado por pedir información. También subrayó el daño reputacional que este caso está causando a la UCM.
Clemente planteó la necesidad de reformar el reglamento de las cátedras, señalando que este ha quedado obsoleto desde 2016. Propuso que los directores de estas iniciativas sean académicos con experiencia acreditada en el área correspondiente y limitar el número de cátedras que una persona puede dirigir.
En relación con posibles remuneraciones asociadas a estas cátedras, Clemente aseguró no tener constancia de que en su facultad se perciban. Sin embargo, reiteró que el caso Begoña Gómez supone un “daño reputacional” para la universidad que afecta a la credibilidad de la institución desde hace meses.
