El Ministerio de Trabajo ha dado el primer paso hacia la implementación de una nueva jornada laboral máxima de 37,5 horas semanales, que entraría en vigor el 1 de enero de 2025. La consulta pública previa, abierta desde el 23 de noviembre y disponible hasta el 7 de diciembre, busca recabar opiniones de los sectores implicados antes de formalizar el texto normativo. Este proceso, considerado una reafirmación de las metas del Gobierno, forma parte de una estrategia que pretende garantizar derechos laborales y avanzar hacia una mayor equidad social.
Desde 1983, la jornada laboral máxima se fijó en 40 horas semanales, pero el panorama actual evidencia la desigualdad en la distribución de las horas trabajadas. Sectores como la hostelería, comercio, agricultura y servicios, aún se encuentran cerca del límite legal, mientras que otros, como educación, finanzas y energía, han implementado jornadas más reducidas.
El Ministerio de Trabajo justifica esta reducción como una necesidad respaldada por el artículo 40.2 de la Constitución española, que encomienda a los poderes públicos garantizar el descanso necesario y fomentar políticas laborales equitativas. En palabras del Ministerio, la medida no es un «compromiso caprichoso o arbitrario», sino una acción basada en «poderosos argumentos» económicos y sociales.
Componentes de la propuesta
El Proyecto de Ley no solo busca reducir la jornada laboral semanal, sino también regular cuestiones como el registro horario y el derecho a la desconexión digital.
Acceso remoto para la Inspección de Trabajo
La normativa prevé que el registro horario sea accesible de forma remota por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), así como por los trabajadores y sus representantes. Este acceso automático y unificado pretende evitar incumplimientos y garantizar la transparencia en las horas trabajadas, tanto en jornadas completas como parciales o extraordinarias.
Refuerzo del derecho a la desconexión digital
Otro punto central es el fortalecimiento del derecho irrenunciable a la desconexión fuera del horario laboral. Este derecho, en línea con acuerdos europeos, obligará a las empresas a respetar el tiempo de descanso de los trabajadores. Las modalidades de ejercicio se definirán en la negociación colectiva, pero se asegura que la negativa a atender comunicaciones fuera del horario no podrá acarrear represalias.
A pesar de la urgencia con la que el Ministerio de Trabajo y los sindicatos están gestionando el proceso, el camino hacia la implementación definitiva enfrenta múltiples obstáculos. Antes de su aprobación como Anteproyecto de Ley por el Consejo de Ministros, debe completarse una consulta interministerial con otros departamentos y obtener informes del Consejo Económico y Social (CES) y el Consejo de Estado.
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez, aseguró que se extremará la urgencia para agilizar el trámite parlamentario, pero la complejidad del procedimiento podría retrasar su llegada al Congreso de los Diputados hasta el primer trimestre de 2024. A pesar de ello, el Ministerio mantiene la fecha de aplicación del 1 de enero de 2025 como una meta inamovible.
Implicaciones sociales y económicas
El Gobierno espera que la reducción de la jornada laboral no solo fomente un mayor equilibrio entre la vida personal y profesional, sino que también promueva condiciones más igualitarias en sectores históricamente desfavorecidos. Además, se prevé que la medida contribuya a un reparto más equitativo del empleo, a la vez que impulse la productividad en sectores clave de la economía española. Por otro lado, esta propuesta ha generado expectativas tanto en los trabajadores como en los sindicatos. Aunque UGT y CCOO no han dado por cerrado el acuerdo, las negociaciones con el Ministerio avanzan en un clima de colaboración, con un objetivo común: mejorar la calidad de vida laboral en España.
