La jornada del pasado jueves concentró todos los elementos que caracterizan a esta legislatura llena de tensiones y complejidades políticas. Un día que comenzó con la amenaza de un colapso en las relaciones del Gobierno con sus socios parlamentarios y que terminó con un pacto clave en la reforma fiscal, dando un respiro al presidente Pedro Sánchez en un momento crítico para la estabilidad de su Ejecutivo.
La jornada estuvo marcada por una mezcla de negociaciones difíciles y momentos de incertidumbre. El pacto con Podemos sobre la reforma fiscal, que parecía complicado y en riesgo de fracasar, llegó a última hora y permitió al Gobierno mantener la esperanza en la aprobación de los Presupuestos para el próximo año. A pesar de las tensiones políticas y las acusaciones de corrupción que salpicaron al PSOE, Sánchez consiguió enderezar el rumbo, lo que le permitió alejar el fantasma de una remodelación a fondo de su Gabinete.
Un pacto de última hora
El día también estuvo marcado por las graves acusaciones de Víctor de Aldama, presunto cabecilla de la ‘trama Koldo’, quien en su declaración ante el juez aseguró que Pedro Sánchez y varios altos dirigentes socialistas, incluidos ministros del Ejecutivo, estaban implicados en un escándalo de corrupción. Según Aldama, Sánchez habría pedido conocerle para agradecerle su trabajo, relacionado con la entrega de 15.000 euros al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la planificación de una cena entre el presidente y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que finalmente se canceló.
Sin embargo, la declaración de Aldama, que no aportó pruebas concretas de sus afirmaciones, no afectó de manera decisiva a los socios del Gobierno. A pesar del ruido mediático y la indignación en el PSOE, que calificó las acusaciones de «mentiras», el Ejecutivo siguió adelante con su agenda política. El presidente Sánchez, por su parte, descalificó a Aldama, tildando su exposición ante el juez de «inventada» y parte de una estrategia de defensa basada en la mentira. El tono burlón de algunos ministros, como Ángel Víctor Torres, reflejó la incomodidad que causaron las acusaciones, aunque el Ejecutivo prefería centrarse en sus logros.
El acuerdo con Podemos sobre la reforma fiscal fue uno de los éxitos del Gobierno en un momento en que las dudas sobre su viabilidad eran grandes. Este acuerdo, que incluye la extensión del gravamen a los bancos y el compromiso de gravar más adelante a las empresas energéticas, ha allanado el camino para la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. En Moncloa, miembros cercanos a Sánchez consideraron que este acuerdo, que logró poner de acuerdo a fuerzas políticas ideológicamente dispares como Junts, ERC, el PNV y Podemos, hace que la negociación de las cuentas públicas sea ahora «más sencilla».
El Gobierno se prepara para presentar la nueva senda de déficit en diciembre, lo que debería facilitar la posterior negociación y aprobación de los Presupuestos. La votación de esta senda de déficit había sido retrasada debido al rechazo inicial de Junts, pero las últimas señales indican que los posconvergentes están dispuestos a respaldar esta iniciativa, lo que permitirá avanzar en otros puntos clave como el traspaso de competencias en inmigración a Catalunya. Si todo va según lo planeado, los Presupuestos no entrarían en vigor el 1 de enero, como es habitual, pero el Gobierno espera que se puedan aprobar en los primeros meses de 2024.
Sánchez también tiene citas cruciales en el Congreso. El miércoles, el presidente comparecerá sobre el trágico temporal que afectó a la Comunitat Valenciana, un tema que podría aprovechar para intensificar la confrontación política con Carlos Mazón, presidente de la Comunitat Valenciana. Según fuentes cercanas a Sánchez, la intervención podría ser un cambio de tono, pasando de una crítica técnica a una confrontación más directa con la gestión del PP en la región, especialmente por la falta de respuesta adecuada ante la crisis.
En el plano interno, la remodelación del Gobierno sigue siendo uno de los temas más comentados, aunque se ha alejado la posibilidad de una reestructuración a gran escala. A pesar de las tensiones políticas y las acusaciones de corrupción que han marcado la agenda, la dirección del PSOE considera que no es necesario un cambio profundo en el Ejecutivo. Sin embargo, el salto de Teresa Ribera a la Comisaría Europea obliga a Sánchez a realizar un ajuste en su Gabinete.
La sustitución de Ribera por Sara Aagesen, actual secretaria de Estado de Energía, es uno de los pocos movimientos confirmados hasta el momento. A pesar de que los rumores sobre más cambios en el Gobierno han circulado, la dirección del partido ha instalado la idea de que no se producirán grandes movimientos, al menos hasta que se resuelva la negociación de los Presupuestos. En este sentido, la prioridad de Sánchez es conseguir el apoyo suficiente para los Presupuestos y blindar su legislatura hasta 2027, algo que parece más cerca que nunca, según sus colaboradores.
Este fin de semana, el PSOE celebrará su congreso en Sevilla, un evento que se espera tranquilo y sin grandes enfrentamientos internos. La dirección del partido ha optado por centrar la cita en una ponencia que ha sido criticada por algunos delegados por su falta de profundidad ideológica. Además, en este congreso se darán a conocer los nuevos miembros de la ejecutiva socialista, con la continuidad de Santos Cerdán como secretario de Organización, a pesar de las críticas internas. Este congreso también será clave para definir la estrategia del PSOE en los próximos años y reforzar la cohesión del partido ante los retos electorales que se avecinan.
