El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha presentado una reforma constitucional que busca consolidar aún más su control sobre el poder, concentrando la autoridad en el Ejecutivo. La propuesta, rápidamente aprobada por la Asamblea Nacional, dominada por sus aliados, redefine la estructura del Estado y otorga mayor poder a Ortega y su esposa, Rosario Murillo, actual vicepresidenta. Entre las novedades, destaca el reconocimiento de la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional como símbolo patrio, subrayando el carácter ideológico del régimen.
Una constitución para unificar el poder
Con esta reforma, Ortega plantea una reforma radical del sistema político nicaragüense, eliminando prácticamente la separación de poderes. La nueva estructura constitucional otorga a la Presidencia un control absoluto sobre el Gobierno, los órganos legislativos, judicial, electoral, regionales y municipales. La reforma establece que el presidente es el máximo dirigente del Estado, responsable de coordinar todos estos órganos en «cumplimiento de los intereses supremos del pueblo nicaragüense». De esta forma, Ortega se asegura de que no existan contrapesos al poder presidencial.
Además, la modificación establece que el período presidencial se extenderá de cinco a seis años, y se crea la figura del «copresidente» y «copresidenta», permitiendo que Ortega y Murillo gobiernen en igualdad de condiciones. Se especula que su hijo, Laureano Ortega Murillo, podría ser designado vicepresidente en el futuro, asegurando así la continuidad del poder en la familia.
Una presidencia totalitaria y militarizada
La reforma también refuerza el control militar y policial del presidente. Ortega asume la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, consolidando su posición como líder absoluto de los cuerpos armados del país. La creación de una «Policía Voluntaria» como cuerpo auxiliar de la Policía Nacional ha desatado críticas, pues algunos consideran que esta medida busca legalizar fuerzas paramilitares que se han usado en la represión de opositores, como los grupos de choque empleados en las protestas de 2018.
Un nuevo enfoque sobre los medios y la libertad de expresión
La reforma también introduce restricciones a los medios de comunicación. El nuevo marco legal establece que el Gobierno velará por evitar que los medios sean «sometidos» a intereses extranjeros o divulguen «noticias falsas». La legislación anterior, aprobada en septiembre, penaliza con cárcel la difusión de información que se considere falsa o que pueda generar alarma. Las penas pueden llegar hasta 15 años de prisión, y las autoridades tienen amplia discreción para determinar qué constituye una «noticia falsa». Organizaciones como Human Rights Watch y periodistas independientes han denunciado este avance hacia el totalitarismo, alertando sobre la criminalización de la disidencia.
La reacción internacional y las advertencias sobre el régimen
La reforma constitucional ha generado rechazo tanto dentro como fuera de Nicaragua. El líder opositor Juan Sebastián Chamorro, quien fue excarcelado y expulsado hacia Estados Unidos, calificó los cambios como un paso para convertir a Nicaragua en una réplica de Cuba. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha condenado las reformas, denunciando que buscan institucionalizar una “dictadura matrimonial” y pidiendo una mayor presión diplomática para sancionar al régimen nicaragüense.
