El juez Ángel Hurtado, del Tribunal Supremo, ha ordenado al Ministerio Público conservar las imágenes de las cámaras de seguridad de la sede de la Fiscalía General del Estado en la calle Fortuny, en Madrid, como parte de la investigación sobre la supuesta filtración de correos. relacionados con el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
La medida surge tras la declaración de un testigo que asegura haber visto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, interactuando con su número dos, María de los Ángeles Sánchez Conde, mientras agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registraban su despacho.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que ejerce como acusación popular en el caso, solicitó la citación del testigo, Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo y antiguo portavoz de la APIF. Viada asegura que vio a García Ortiz examinando un móvil junto a Sánchez Conde en un “singular e insólito encuentro”. El juez ha ordenado preservar las grabaciones de las cámaras que enfocan el salón noble del edificio entre las 18:00 y las 19:45 horas del 30 de octubre para verificar la veracidad de este testimonio.
El juez instructor también ha autorizado a los agentes de la UCO a analizar los dispositivos electrónicos incautados al fiscal general durante el registro. Este análisis se limitará a las fechas comprendidas entre el 8 y el 14 de marzo de este año, período en el que se habría gestado la filtración de correos y la denuncia que involucraba a González Amador.
Es la primera vez en la historia de la democracia que se investiga a un fiscal general del Estado
Según el último informe de la UCO, basado en las comunicaciones extraídas de dispositivos electrónicos, García Ortiz habría tenido una “participación preeminente” en la filtración de los correos. Los investigadores destacan que entre el momento en que el fiscal general recibió un correo relevante a las 21:59 horas y su filtración a las 23:51 horas del mismo día, solo un grupo reducido de personas tuvo acceso a los documentos.
Dicho grupo estaba compuesto por miembros de la Fiscalía General del Estado y algunas fiscalías específicas.
La UCO señala que la filtración se habría originado en la Fiscalía General del Estado, limitándose a personas con conocimiento directo de la preparación de un comunicado oficial y su ventana temporal de publicación. Entre los posibles implicados están el fiscal jefe provincial, la fiscal superior, la fiscal decana de delitos económicos y otros responsables de áreas específicas de la Fiscalía.
La investigación continúa en curso, y las imágenes de las cámaras de seguridad podrían aportar datos cruciales para determinar si García Ortiz tuvo algún papel irregular durante el registro en su despacho. Mientras tanto, este caso sigue generando tensiones en el ámbito judicial y político, dada la relevancia de los implicados y las posibles repercusiones de las acusaciones.
