Imagen: Repartidor Glovo-Huffington Post
Años después de que iniciara una pugna regulatoria con más de 140 casos y decenas de millones de sanciones, y un día antes de que su consejero delegado, Óscar Pierre, declare ante el juez por un presunto delito contra los trabajadores, Glovo cede a la presión y anuncia que tendrá riders contratados en España.
La compañía asegura que incluirá a todas las ciudades. Insiste en que abrirá una mesa de diálogo con los sindicatos para «dotar de todas las garantías al proceso». Su dueña, la alemana Delivery Hero, que sigue insistiendo en que «no hay base legal suficiente» para declarar a esos repartidores como falsos autónomos, dispara el techo de ‘contingencias’ en sus cuentas para hacer frente a todos los casos hasta los 770 millones de euros. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que la regularización de más de 60.000 trabajadores implicará 267 millones de recaudación además del coste de las sanciones.
La plataforma española asegura que el nuevo modelo, cuyos detalles no ha hecho públicos en el comunicado público, «permitirá la operativa con repartidores laborales». Estará disponible para las más de 900 ciudades en las que está presente y en todas las modalidades de repartos. «Mantendrá en todo momento la experiencia de usuario y de los restaurantes y establecimientos en todo el país», asegura. Desde la compañía insisten en que se aplicará al 100% de toda la operativa en este mercado.
La plataforma asegura que abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para asegurar que el cambio de operativa «se desarrolle con consenso». Este foro de diálogo, según apunta la empresa, estará abierto al resto de operadores del sector para que «puedan realizar procesos de transición similares y sumarse a los acuerdos alcanzados». Hay que recordar que algunos de sus competidores, entre ellos Uber Eats, funciona con un modelo híbrido en el que mantiene a riders autónomos y también otros contratados de manera directa.
Glovo mantenía su modelo de falsos autónomos a pesar de la Ley Rider
La empresa ha estado trabajando con el modelo de falsos autónomos incluso después de la aprobación de la ley rider, haciendo frente a las constantes multas económicas impuestas en los últimos años, que ya superan los 200 millones de euros en el acumulado total de sanciones y cotizaciones impagadas al sistema de la Seguridad Social.
