El escándalo que rodea al exministro José Luis Ábalos ha dado un nuevo giro con la declaración escrita de Víctor de Aldama y la presentación de pruebas ante el Tribunal Supremo el pasado 4 de diciembre. Entre los documentos entregados, destacan correos electrónicos, agendas y transacciones que vinculan a Koldo García Izaguirre con importantes empresas constructoras.
Un esquema de comisiones y contratos millonarios
En su escrito titulado “Sobre el reparto de comisiones ofrecidas a funcionarios públicos con ocasión de la adjudicación de obra pública”, Aldama detalla un supuesto entramado de adjudicaciones que involucra a 128 contratos públicos por un valor total de 54 millones de euros entre 2018 y 2021. Según Aldama, gran parte de estos contratos beneficiaron a tres empresas vinculadas con Koldo García Izaguirre: Obras Públicas y Regadíos SA (OPR), Áridos Anfersa SL y Levantina, Ingeniería y Construcción SL (LIC).
Los correos electrónicos y la agenda de Koldo
Entre las pruebas presentadas, destacan citas agendadas por Koldo García con directivos de constructoras y correos electrónicos que respaldarían la relación con estas empresas. Por ejemplo, en junio y julio de 2021, García tuvo reuniones con “Toño Fernández”, directivo de OPR, y recibió un correo con el currículum de una colaboradora, lo que podría sugerir un intento de influencia para obtener contratos públicos. Áridos Anfersa, por su parte, habría contratado a Patricia Uriz, esposa de Koldo García, lo que refuerza las sospechas de un posible conflicto de intereses. Levantina, Ingeniería y Construcción SL, también mencionada por Aldama, obtuvo contratos por 128 millones de euros durante la gestión de Ábalos, incluyendo adjudicaciones de 80 y 20 millones de euros.
Aldama también relacionó a José Ruz Martínez, directivo de Levantina, con un viaje oficial del Ministerio de Fomento a Georgia. Posteriormente, la empresa obtuvo contratos en Canarias por más de seis millones de euros, incluyendo un proyecto para acondicionar oficinas de la Agencia Tributaria Canaria. En paralelo, la investigación de Hacienda descubrió un pago de 77.500 euros de Ruz a una empresa de Aldama, identificado como una comisión por la mediación en estos contratos.
El grupo Azvi, otra empresa mencionada por Aldama, también aparece vinculado a Koldo García. En 2023, Koldo fue contratado por Azvi como consultor para proyectos en Latinoamérica, pero la relación habría comenzado mucho antes. La empresa fue beneficiaria de obras públicas licitadas por el Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021, y en la agenda de Koldo figuran varias reuniones con directivos de Azvi, incluyendo citas en mayo y junio de 2021.
Todas las empresas implicadas han negado las acusaciones y amenazan con acciones legales contra Aldama. Alegan que no se realizaron pagos de comisiones ni existió ninguna mediación irregular por parte del Ministerio de Ábalos. Sin embargo, las pruebas presentadas, como registros de agenda, correos electrónicos y transferencias, podrían complicar su defensa.
El próximo 12 de diciembre, José Luis Ábalos comparecerá ante el Tribunal Supremo a petición propia para responder a las acusaciones de tráfico de influencias, malversación, cohecho y organización criminal. También declararán Koldo García y Víctor de Aldama, cuyas declaraciones podrían marcar un punto de inflexión en la investigación.
