El turismo, considerado uno de los pilares de la economía española por su capacidad de generae millones de empleos y aportar significativamente al PIB. Consciente de su importancia estratégica, el Partido Popular (PP) ha presentado una serie de iniciativas para fortalecer y proteger este sector frente a normativas que considera perjudiciales, como el controvertido Real Decreto 933/2021, conocido como el «Gran Hermano hotelero».
Rechazo al «Gran Hermano hotelero»
El PP se ha posicionado firmemente en contra de este decreto, que obliga a los alojamientos turísticos y empresas de alquiler de vehículos a recopilar hasta 42 datos personales de los usuarios, triplicando los registros requeridos previamente. Según los populares, esta normativa supone un grave riesgo para la privacidad de los usuarios, genera una carga burocrática desproporcionada para las empresas, especialmente las pymes, y las expone a ciberataques. Además, el decreto podría ser incompatible con el marco legal europeo, como señaló el comisario de Turismo de la Unión Europea, Apostolos Tzitzikostas.
Para contrarrestar esta medida, el PP presentará mociones en ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos de toda España. Estas mociones instan al Gobierno a suspender la aplicación del decreto y a trabajar en una normativa consensuada con el sector. Además, buscan promover un marco jurídico que garantice la seguridad de los datos y minimice las cargas administrativas, mejorando así la competitividad de la industria turística.
El turismo español cerró 2023 con cifras récord: más de 85 millones de turistas internacionales visitaron el país, superando los niveles prepandemia. Para 2024, se estima que esta cifra alcance los 95 millones, con un aumento del 16,8% en el gasto de los visitantes en los primeros diez meses del año. El sector emplea a más de tres millones de personas y contribuye directamente con un 13% al PIB, además de un 8% de forma indirecta.
El PP argumenta que el «Gran Hermano hotelero» pone en riesgo estos logros al desincentivar la llegada de turistas internacionales y complicar la operativa de las empresas. Por ello, subraya la necesidad de políticas que favorezcan el crecimiento sostenible del turismo, sin comprometer los derechos fundamentales de los viajeros.
Descontento en Europa por la carga burocrática
La Comisión Europea ha instado a España a modificar la política establecida a partir del Real Decreto 933/2021, conocido coloquialmente como el «Gran Hermano Turístico». Esta normativa impone a las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor la obligación de recopilar y almacenar un total de 42 datos personales de sus clientes, en contraste con los 13 datos requeridos previamente.
El comisario europeo de Turismo, Apostolos Tzitzikostas, manifestó su preocupación durante una intervención en el Parlamento Europeo. En su discurso, subrayó la importancia de reducir la burocracia: «Hay que evitar la burocracia y el papeleo». Tzitzikostas atendía las reclamaciones del sector, que denuncia el impacto negativo de la medida en términos de competitividad y riesgos de ciberseguridad.
Reacciones del sector turístico
Asociaciones y patronales del sector turístico español han expresado su descontento con el Real Decreto. En una carta dirigida al comisario Tzitzikostas, a través del eurodiputado Borja Giménez Larraz, se señaló que esta normativa podría vulnerar la regulación europea en materia de protección de datos. Giménez Larraz calificó la medida como «una invasión en la privacidad de las personas, más propia de un Estado policial que de una democracia«.
La carta incluye las preocupaciones de varias organizaciones, como la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), la Mesa del Turismo de España, la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE) y la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM). Estas entidades han enumerado un decálogo de quejas sobre el impacto de la medida.
La carta se resume en que el Real Decreto 933/2021 impone cargas administrativas excesivas, como la conservación de datos sensibles durante tres años y la recopilación de hasta 42 tipos de información personal, lo que aumenta riesgos de ciberseguridad y complica la operativa diaria. Las asociaciones critican la falta de consulta previa, el impacto negativo en la competitividad frente a otros países de la UE y el riesgo de sanciones por posibles infracciones de protección de datos. Además, destacan la falta de orientación de las autoridades y la carga desproporcionada sobre las pymes del sector.
En el pleno del Parlamento Europeo, el eurodiputado Giménez Larraz denunció que el «Decreto Gran Hermano» supone una «carga administrativa incomprensible, inadmisible e imposible». También alertó sobre el impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas del sector, que constituyen una parte esencial de la economía turística en España.
Giménez criticó además las voces que, según él, «pretenden la demonización del turismo» bajo motivaciones ideológicas. En su intervención, pidió a la Comisión Europea que impulse un sello y una marca común de Turismo Sostenible, integrando tanto aspectos medioambientales como económicos y sociales. El comisario Tzitzikostas concluyó enunciando la necesidad de aligerar los procedimientos para no sobrecargar al sector turístico con trámites excesivos.
Propuestas adicionales del PP
Más allá de su oposición al decreto, el PP aboga por un diálogo constante con las asociaciones del sector para identificar y resolver sus necesidades. Entre las medidas planteadas destacan:
- Reducción de trabas administrativas: Simplificar los procesos regulatorios para facilitar la actividad empresarial en el turismo.
- Impulso a la digitalización: Promover herramientas tecnológicas seguras que optimicen la gestión de datos y mejoren la experiencia del viajero.
- Fomento de la promoción internacional: Reforzar la marca España como destino turístico seguro y competitivo.
- Sostenibilidad y modernización: Incentivar prácticas sostenibles en el sector, incluyendo la renovación de infraestructuras y la adopción de energías limpias.
El PP, con su amplia representación en municipios y comunidades autónomas, se posiciona como un defensor clave del sector turístico frente a medidas que considera lesivas. Su estrategia combina la oposición al Real Decreto 933/2021 con propuestas concretas para mejorar la competitividad, garantizar la privacidad y proteger los derechos de las empresas y los turistas. Estas iniciativas reflejan el compromiso del partido con un sector esencial para el desarrollo económico y social de España.
