Imagen: la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo | EFE
El Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha declarado que dará una «importancia capital» al plan del presidente Pedro Sánchez para reformar la acusación popular, al que consideran un intento de proteger a su entorno personal. Feijóo denunció que la iniciativa, a la que llaman «ley Begoña», busca beneficiar directamente a familiares del presidente: «Cita nombres y apellidos para evitar que la familia de Sánchez enfrente un juicio«.
El PP ya ha advertido que, de aprobarse esta reforma en el Congreso, liderará una ofensiva similar a la desplegada contra la ley de amnistía, utilizando recursos políticos, institucionales y sociales.
Estrategia política: de los tribunales a la movilización social
El portavoz del PP, Borja Sémper, calificó el proyecto como un «atropello democrático» y aseguró que el partido tomará medidas contundentes para combatirlo. «Es un nuevo clavo en el ataúd de la igualdad, como lo fue la amnistía«, declaró.
Fuentes del partido explicaron que seguirán un enfoque similar al adoptado contra el proceso independentista catalán. Esto incluye la presentación de recursos de inconstitucionalidad y la internacionalización del conflicto, generando un debate en Europa. Además, se prevé un plan de movilizaciones masivas, como las cinco protestas organizadas en 2023 y 2024 en diversos puntos emblemáticos del país, entre ellos la Puerta de Alcalá y la Plaza de España.
Actividad parlamentaria e institucional
El PP planea replicar su estrategia parlamentaria utilizada en el caso de la amnistía. Durante ese proceso, se celebraron debates en el Congreso con expertos y personalidades de la sociedad civil, además de convocar una comisión en el Senado para que los presidentes autonómicos discutieran sobre convivencia democrática.
Aunque por ahora el partido no maneja un calendario definido para estas acciones, cuestiona si Sánchez cuenta con el respaldo necesario de sus socios parlamentarios. Tanto Sumar como Junts han expresado reservas sobre la reforma, mientras que asociaciones de jueces han solicitado la intervención de la Unión Europea, calificando la iniciativa como un «ataque» al sistema judicial.
Críticas al carácter retroactivo
Para el PP, uno de los aspectos más graves de esta reforma es su carácter retroactivo, algo que consideran un atentado contra la dignidad institucional. En Génova, señalan que la propuesta difiere de la planteada por Mariano Rajoy en 2017, que limitaba la acción popular de los partidos políticos sin afectar a casos en curso ni a la independencia judicial. «No es lo mismo», aseguran desde el equipo de Feijóo, recordando que Rajoy no llegó a implementar su propuesta incluso con mayoría absoluta.
Con esta postura, el PP busca posicionarse como un defensor de la igualdad y la democracia frente a lo que consideran una maniobra del Gobierno para garantizar la impunidad de su entorno cercano.
