La actualidad judicial está ocupando portadas en los principales medios de comunicación, es algo evidente ya sea por la gravedad de los hechos, por las repercusiones que tiene en la vida pública o por la importancia de la función jurisdiccional en el Estado de Derecho.
En todos los casos/tramas/causas siempre la figura del Ministerio Fiscal adquiere un papel relevante. No es para menos, pues nos encontramos ante el garante de la legalidad y promotor de la acción de Justicia. Lo que es necesario denunciar, es la utilización torticera de una figura tan honorable con fines partidistas, ya no solo por usarse con el fin de perjudicar a un rival político o beneficiar a un compañero encausado, sino porque se diluye la verdadera esencia para la que esta figura nace. Lo que se destila es como el poder político mete sus zarpas dentro del poder judicial para manejarlo cual marioneta.
Una figura vital en la Administración de Justicia.
El Ministerio Fiscal es un órgano constitucional el cual posee personalidad jurídica, integrándose con autonomía dentro del Poder Judicial, ejerciendo sus funciones conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica con sujeción, en todo caso, a principios de legalidad e imparcialidad.
Al caso, la imparcialidad es lo que más comprometido se ve, el secuestro que se hace desde esa caterva llamada partitocracia es insultante para con el justiciable de a pie. La imparcialidad en muchas ocasiones y sobre todo, en asuntos mediáticos de índole político brilla por su ausencia.
El jurisconsulto romano Ulpiano definía la Justicia como “la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho”. El no cumplir este axioma y el tomar una decisión en la que no se le de al justiciable lo que legalmente le corresponde tiene un nombre: “Prevaricación”. Para poder conseguir una acción de justicia con garantías se requiere que los operadores jurídicos cumplan una serie de estándares, estándares que se concretan en la independencia e imparcialidad. Respecto del Ministerio Fiscal interesa hablar de imparcialidad, pues imparcialidad es orientar la acción en base a la objetividad; fuera de sesgos, fuera de favoritismos y alejada de intereses espurios.
Veo a día de hoy que la independencia del Ministerio Fiscal está comprometida, en muchos casos que hasta incluso no se guarda dicho canon, máxime si el asunto tiene tintes políticos la acción de promover justicia pasa a un segundo plano, importando más el perjuicio al adversario político que el esclarecimiento de hechos o el ulterior juicio.
Usar la fiscalía como un ariete de destrucción es desvirtuar el papel de esta, ya de primeras que la cabeza de esta institución sea elegida por el gobierno es algo pernicioso. Los líderes de la partitocracia lo saben, de hecho, así se jactaba el señor presidente con su pregunta retórica: “¿Y la Fiscalía de quien depende?”, si la cabeza ya responde a un interés partidista el resto de la estructura está corrompida.
Las tres últimas vergüenzas del Ministerio Fiscal.
En últimos días la praxis de fiscalía ha saltado a la palestra, ha saltado por precisamente ver como su acción está orientada en fines espurios de perjudicar más que de hacer justicia.
La primera de las vergüenzas está en las filtraciones relativas respecto del caso de Alberto González Amador. El Ministerio Fiscal filtró datos respecto de las negociaciones entre letrado y fiscal. Algo que no solo contraviene las propias normas internas de esta institución, sino que conculca el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva. Si Alberto González Amador es culpable, que sea un juzgado quien lo dicte y, que lo haga como se dice en el argot jurídico “en el momento procesal oportuno”.
Luego otra lamentable y oportunista actuación fue la del ICAM, parece ser que los amparos VIP existen en función de quien sea tu cliente. Estaría bien saber si el ICAM actúa de la misma manera y contundencia si quien sufre un atropello de este estilo es alguien de a pie.
La segunda de las vergüenzas radica en retrasar la querella del caso Koldo a conveniencia del calendario electoral. ¿Son selectivas las filtraciones? Parece ser que sí, no interesaba que saliese a la luz la repugnante corrupción de las mascarillas en la pandemia. Máxime cuando afecta negativamente a uno de los apéndices que sostiene la inmunda partitocracia.
La tercera de las vergüenzas, la fiscalía es igualmente responsable de la barrabasada de medida cautelar de vetar Telegram en España. Fiscalía informó favorablemente de la medida, una medida desproporcionada y totalmente laminadora con el derecho fundamental a la información. Una forma cuanto menos peculiar de velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos. Un ataque a la libertad de información que afortunadamente no se perpetró, pero donde se vio que el papel de fiscalía fue el de un adlátere sin criterio.
Un panorama poco halagüeño.
La fiscalía esta totalmente prostituida por los intereses de la partitocracia, el justiciable de a pie no tiene porque aguantar semejante pisoteo a sus derechos fundamentales. La elección de la cabeza de este órgano no debe dejarse en manos del gobierno de turno; el hecho de que tal y como se propone sea la fiscalía quien lleve a cabo las instrucciones en los procesos penales, supondría que la imparcialidad en la fase instructora campase a sus anchas, ya que las agendas de los Gobiernos de turno siempre parecen ir en el sentido opuesto al respeto de la neutralidad institucional y de la separación de poderes.
