La tensión entre la esposa del presidente del gobierno español, Begoña Gómez, y el diario El Confidencial ha alcanzado un nuevo punto álgido con la amenaza de Gómez de tomar medidas legales contra el periódico. En un correo electrónico dirigido al director de El Confidencial, Nacho Cardero, fechado el jueves 4 de abril, Gómez advirtió sobre la posibilidad de «ejercer la acción judicial» contra el medio. Esta acción también fue respaldada por la empresa pública Red.es.
La queja de Begoña Gómez
En el mensaje, Gómez no cuestiona la veracidad de los artículos publicados por El Confidencial, sino que se centra en objetar uno de los titulares, específicamente el que dice: «La UTE de Begoña Gómez ganó por centésimas al barrer en la fase subjetiva con su firma». Gómez niega haber formado parte de la UTE Innova Next y The Valley Digital Business School, y por ende, no haber participado en los procesos de contratación de Red.es a los que se refieren los artículos.
El Confidencial, por su parte, argumenta que la UTE mencionada en sus artículos es la misma que fue recomendada por Begoña Gómez, por lo que es legítimo referirse a ella como «la UTE de Begoña Gómez». Además, citan al Tribunal Supremo, que ha establecido que la interpretación y enfoque que los periodistas dan a las noticias no afectan a su veracidad.
Revelación de información de otras empresas
Gómez también acusa al medio de publicar informaciones inexactas sobre su persona con la intención de perjudicarla, aunque no especifica cuáles son esas inexactitudes. Solicita además que el periódico publique comunicados de otras empresas como IE, Air Europa y Red.es, lo cual El Confidencial considera legalmente infundado.
Red.es mueve ficha
El comunicado enviado por Red.es para aclarar las informaciones publicadas sobre la vinculación de Begoña Gómez con ciertos concursos públicos fue considerado insustancial por El Confidencial, ya que no aportaba nuevos elementos y confirmaba la veracidad de lo publicado.
Apoyo de el Gobierno a la Unión Temporal de Empresas
El Gobierno utilizó fondos de la Unión Europea para respaldar el contrato otorgado a la UTE, que contó con el apoyo explícito de Begoña Gómez. Esta alianza empresarial se aseguró un contrato valorado en 5,5 millones de euros para brindar «servicios de formación para personas desempleadas en la economía digital». A pesar de que la adjudicación se realizó en agosto de 2021, no fue sino hasta dos años después, en agosto de 2023, cuando el Ejecutivo presentó la documentación que confirmaba la utilización de fondos provenientes de Bruselas.
